- Constructora de Ciudades Judiciales fue favorecida dándole las bases generales un mes antes
XALAPA, Veracruz, agosto 25 .-El auditor general del Órgano de Fiscalización (ORFIS), Lorenzo Portilla, confirmó que la edificación de las ciudades judiciales en el estado de Veracruz se encuentra bajo investigación luego de que la empresa encargada fue etiquetada por lavado de dinero en el escándalo Panamá Papers.
El ORFIS audita la legalidad de la asignación de la construcción de al menos 17 de las Ciudades Judiciales en la cuenta pública 2018, confirmó el Auditor General.
Aunque Lorenzo Portilla no pudo adelantar conclusiones, documentos a los que IMAGEN DE VERACRUZ tuvo acceso, demuestran 22 serias irregularidades en las que incurrió el titular de la Judicatura del Estado de Veracruz, Édel Álvarez Peña, al otorgar los contratos al consorcio constructor encargado de las obras.
La primera alerta roja para el Orfis es que la empresa Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz S.A de C.V compró el 9 de febrero de 2018, mediante una transferencia electrónica de 200 mil pesos las Bases Generales del Concurso emitido por el Poder Judicial.
Las Bases Generales para poder participar en dicha licitación se emitieron el 7 de marzo del año 2018, es decir 26 días después, lo que implica que la Constructoras de Veracruz S.A de C.V, supo antes que ninguna de sus empresas competidoras y pudieron preparar su participación con ventaja técnica y táctica.
Una vez ganada la licitación, el Orfis detectó quela firma ganadora agrupó cinco empresas más bajo la figura de “Consorcio”, sin que las cinco invitadas compraran las Bases Generales, para poder participar en el proceso.
Descalificada la segunda empresa en la licitación, y que sí había adquirido las bases generales, se declaró ganadora, en un proceso opaco, al “Consorcio”, asignándoles las cuatro licitaciones, sin cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Las empresas integrantes del “Consorcio” declaradas como ganadoras, realizaron de manera ilegal cuatro contratos de Cesión de Derechos y Obligaciones a cuatro empresas que no participaron en el proceso de licitación público nacional.
El Poder Judicial firmó doce contratos individuales de Asociación Público Privadas, sin que en ninguna de sus partes contemplara la figura de Comodato.
Sin embargo, el ente público realizó Contratos de Comodato, para ceder los terrenos donde serán construidas las obras, pero sin señalar los dispositivos legales, ni jurídicos que le permitan hacerlo.
Otra grave falta que el Orfis encontró en la auditoría, fue que sin suficiencia presupuestal, el Poder Judicial del Estado, amplio de 17 a 21 las obras asignadas, utilizando el decreto de las primeras 17, pero a todas luces, de manera ilegal.
A pesar de que el titular del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, otorgó los contratos, se violó la ley, porque en muchas ciudades no se tenían los terrenos para su construcción.
Tal es el caso de Tierra Blanca, donde se adquirió trece meses después de la licitación, en Poza Rica nueve meses más tarde, Zongolíca dos después, mismo caso que en Huayacocotla.
El Orfis observó también que el ente público no integró el Expediente Técnico por cada una de las 21 Ciudades Judiciales son los que pide la ley y que son la descripción del proyecto, la viabilidad técnica y el dictamen emitido por un tercero especializado.
Además faltó la viabilidad jurídica, la rentabilidad y beneficio social, estimaciones de inversión y aportaciones, así como las autorizaciones Público Privadas de las 21 Ciudades Judiciales.
Por si fuera poco el Auditor General del Orfis, detectó que no se registró contablemente ningún Fideicomiso de los Proyectos de las Asociaciones Público Privadas, de al menos doce Ciudades Judiciales.
Por Víctor Hugo Arteaga
