La Hepatitis C reporta más muertes que el VIH-Sida destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS). En México con la ausencia de programas para atender las hepatitis virales, las escasas y retardadas acciones del sector salud para enfrentar los males hepáticos y la alta incidencia de mortandad, lo ha convertido en un problema de salud pública. Es más, por la corrupción las exiguas acciones se reducen, se acota el acceso a los medicamentos o tratamientos para su cura y hasta lo convierten en negocio privado, en lugar de erradicar el mal que millones de mexicanos padecen, incluso muchos sin enterarse de ello.
Las hepatitis son enfermedades del hígado que de no tratarse a tiempo pueden complicarse incrementando el riesgo de cáncer de hígado y cirrosis. La OMS considera que existen 390 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis en el mundo, y en México las cifras oficiales de casi dos millones de infectados ni siquiera son una aproximación al universo real de enfermos, pero que lo ubican en el segundo lugar de incidencia en AL, después de Brasil. Veracruz, por ejemplo es una de las entidades con mayor número de infectados y no hay hepatólogos. En el sector salud estatal, como en muchas entidades federativas, ni siquiera un programa de atención a la población que padece hepatitis.
La Fundación Hepatos AION, que defiende los derechos de los enfermos de HVC, advierte que si usted cumple con uno de los siguientes requisitos hay riesgo de que pueda estar enfermo de alguna de los tipos de hepatitis (A, B, C, D, E): * Nacido entre 1945 y 1965. *Cirugías mayores o transfusiones de sangre antes de 1995. *Hemodiálisis, tatuajes, procedimientos odontológicos.*Uso de drogas intravenosas. *Hijo de madre con Hepatitis C. *Utiliza acupuntura, piercings, tatuajes. *Jeringas reutilizadas en hospitales, etc. Se recomienda se haga la prueba rápida si está en esta lista.
Pese al rimbombante discurso del Secretario de Salud José Narro que “para asegurar el acceso a los servicios de salud, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como uno de sus ejes prioritarios las acciones de protección, promoción y prevención de enfermedades, hay que denunciar que la prestación de servicios basados en la atención primaria y el fomento de la participación de la población en el cuidado de su salud, ha sido ineficiente, anticonstitucional y en casos hasta criminal.
El ejecutivo destina altos presupuestos y los derechohabientes en el sistema de seguridad social, siguen esperando que los recursos anunciados aterricen en tratamientos para todos, y no solo para unos cuantos.
Las instituciones públicas de salud en México simulan en el discurso atender la gravedad de la epidemia de la hepatitis c. Lla nula rendición de cuentas y los más de13 mil fallecimientos al año evidencia que los tratamientos son negados a la población con un destino desconocido. Un ejemplo es el IMSS. En 2017 anunció la compra e inclusión en cuadro básico de medicamentos de última generación que tienen la posibilidad de cura del 95 por ciento de la hepatitis c y en este 28 de julio del 2018, en el día mundial del combate a las hepatitis virales, reporta que apenas 1,500 derechohabientes del IMSS recibieron tratamiento con los medicamentos de última generación, de un universo de 81 mil afectados. En el Seguro social desconocen a su población infectada, en su mayoría son diagnosticados fuera de sus instalaciones por la falta de atención.
Las cuentas de los recursos del IMSS no cuadran, así como en otras instituciones. El IMSS hizo pública la inversión y costo del tratamiento para la HVC: “gracias a negociaciones directas con los fabricantes”, se compraron a un precio 90 % menor que en Estados Unidos y 88 % menor que en Canadá. El tratamiento trimestral cuesta 168 mil pesos por paciente. Lo que implica que los 1,695 millones de pesos de inversión en 2016 fueron destinados a mil 500 pacientes. La investigación está en proceso pero, la opacidad con que se otorgan los tratamientos y la negación a sacar de sus protocolos las costosas terapias de farmacéuticas (Interferón) con poca efectividad de cura, hacen suponer que hay negocios pocos claros en torno a este mal, considerado por la OMS como una epidemia global.
Los emprendimientos -grandes y chicos- que afectan, el de por si degradado ánimo del paciente, además despojan del patrimonio a las familias.
Antes de bosquejar algunos de estos negocios hay que destacar la falta de denuncia de los miles de muertos que ha dejado “el sistema de salud Universal” – que no es universal- en el marco de la poda social implementada por la tecnocracia en el poder para “rescatar” los institutos de salud pública afectados por su propia corrupción. La línea oficial de excluir a millones de pacientes graves, con males crónicos degenerativos (Mayormente pensionados), discriminación por edad (Adultos mayores y niños), discriminación por condición socioeconómica, impidiendo o, alargando citas, tratamientos y /o medicamentos, resulta una delincuencial política organizada del sector salud, cuyo objetivo es quitarse de encima una población que les significa un alto costo para sus operaciones, y de paso para obtener ganancias con la venta de medicamentos por fuera.
