El 3 de septiembre, dos minutos después de las 17.00, el recambio de uranio enriquecido que alimenta la única central nuclear de generación eléctrica de México, una operación delicada pero rutinaria, derivó en una situación de riesgo naranja, un paso antes del rojo, que significa la máxima alerta para la seguridad de la planta. Así lo revela un reporte de 13 páginas elaborado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) examinado por EL PAÍS, donde se identifican deficiencias respecto del “desempeño humano”, de “una sana cultura de seguridad nuclear” y de “aspectos programáticos u organizacionales” en la planta. De acuerdo con fuentes de la planta, quienes pidieron mantenerse en el anonimato, este no ha sido el único episodio similar vivido en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (Veracruz). En octubre y a principios de diciembre hubo otros dos incidentes que elevaron el riesgo a naranja.
La central propiedad de CFE, ubicada en el municipio de Alto Lucero, en el centro del Estado, tiene dos reactores con una capacidad instalada de 810 megavatios cada uno. Representa un 4% de la capacidad eléctrica instalada de México y un 2% de la generación total del país. Durante su funcionamiento normal y el proceso de recarga de combustible, la planta utiliza un monitoreo por colores que indica los grados de peligro de derretimiento del núcleo o componentes desconectados (una nomenclatura que adapta los estándares utilizados por la Comisión Regulatoria Nuclear de Estados Unidos).
A mediados de agosto, la central de Laguna Verde inició la recarga de combustible, un procedimiento que se lleva a cabo cada 18 meses, que suele demorar un mes y que consiste, a grandes rasgos, en el reemplazo de varillas de uranio que alimentan la estación y el traslado de las que ya perdieron energía a la alberca de combustible gastado, que almacena los tubos hasta que pierden radiactividad. Parte de las labores de esta operación es el cambio de los mecanismos impulsores de las barras de control: unas varillas ubicadas debajo del núcleo que tienen como función ralentizar la fisión nuclear, con el fin de evitar que la generadora acelere su potencia más allá de 100% y esté expuesta a un estallido. Antes de iniciar esta tarea, el riesgo en la planta era verde: todos los sistemas se desempeñaban de manera correcta.
El 28 de agosto, según el reporte de condición 102649 examinado por EL PAÍS —un informe elaborado por el Departamento de Producción de la Unidad 1 analiza el estado de un componente de la planta—, personal colocó compuertas de protección entre la alberca de combustible gastado (donde se depositan las barras de uranio enriquecido ya usadas), y el llamado “pozo seco”: la cavidad entre el reactor y la contención de concreto del mismo. Con las compuertas de protección instaladas, una empresa contratista cambió cuatro de los 15 mecanismos impulsores de las barras de control. Pero al otro día se retiraron las compuertas, detalla el informe elaborado el 11 de septiembre.
El 3 de septiembre, fuera de la programación de mantenimiento y mientras un sistema de seguridad estaba deshabilitado, el contratista decidió continuar con el cambio de ocho mecanismos, lo que puso a la central en riesgo naranja durante 13 horas. Recién cuando volvieron a colocar las compuertas y concluyeron el recambio de los ocho mecanismos, el sistema pasó a color amarillo, que representa una disminución moderada de la seguridad.
Luis Bravo, coordinador de comunicación para la CFE, afirma que “no ha habido ninguna situación de riesgo”. El vocero de la comisión remitió a este diario un comunicado de noviembre que rechaza una información similar publicada en un diario local veracruzano. El boletín también resta credibilidad al testimonio de un exempleado de la planta.
La cadena de acontecimientos detallados en el reporte de condición 102649,significó que la planta estuvo expuesta al peligro de drenado de la alberca de combustible gastado, que implica que el agua hierva, se evapore y las barras de uranio gastado queden al descubierto y se derritan por el aumento de temperatura, como ocurrió en uno de los reactores de Fukushima, Japón, a causa del terremoto y posterior tsunami en 2011. El derretimiento del uranio gastado podría provocar desde la emisión de gases radiactivos hasta un incendio que podría desencadenar eventos mayores, como explosiones.
‘Una irresponsabilidad muy grande’
La evaluación de CFE halló que durante la recarga de combustible hubo riesgo operacional —con impacto real o potencial— que consistió en que la disminución del calor de la alberca de combustible gastado quedó a cargo únicamente de su propio sistema de enfriamiento y limpieza. La alberca cuenta además con un sistema de remoción de calor residual que bastaría para mantener el enfriamiento. La falla desde uno de estos mecanismos hasta la pérdida de todos los sistemas de enfriamiento, la ebullición del agua podría ocurrir en un lapso de 95,2 horas o producirse en tan solo 10,16 horas.
“Hay una irresponsabilidad muy grande. El procedimiento tiene que ser repasado 20 veces para que salga bien. Y pareciera que no hay supervisión adecuada del regulador. Es preocupante que no sepamos cómo opera la planta”, dice Daniel Chacón, director de Energía de la Iniciativa Climática de México, quien cuestionó la capacitación del personal, el apego a procedimientos y la opacidad del funcionamiento de la Central Nuclear de Laguna Verde.
En Estados Unidos, donde funcionan 94 reactores en 57 centrales atómicas —varias cercanas a núcleos urbanos—, la Comisión Regulatoria Nuclear divulga los incidentes en esas instalaciones. En México, la CFE ha repetido que la generadora de Veracruz opera con normalidad y sin riesgo de accidentes, aunque no ha presentado evidencias documentales para respaldar estas afirmaciones.
Desde 2012, el promedio de riesgo de la estación ha sido blanco, que significa que la planta se desempeña correctamente con una reducción mínima de seguridad, aunque durante todo 2017 la Unidad 1 permaneció en riesgo amarillo debido a problemas en el sistema de mitigación del generador diésel de emergencia: la planta cuenta con dos de estos generadores para cubrir una posible falta de electricidad externa.
El reactor I de la central de Laguna Verde comenzó a operar en 1990, y el reactor II entró en funciones en 1995, ambos con una vida útil proyectada de 40 años cada uno. En julio de este año, después de que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México revisara las condiciones de seguridad de la planta, la Secretaría de Energía renovó la licencia de operación por otros 30 años.
Fuentes de la planta independientes entre sí aseguraron que además del episodio de septiembre la U1 también estuvo en naranja en octubre durante las labores del tensionado de la vasija, el cierre hermético de la tapa, que implicó riesgo de pérdida de refrigerante del reactor. A inicios de diciembre, la U2 habría registrado otro episodio por el “disparo” (aceleración) de una bomba del sistema de limpieza de agua del reactor.
Desde diciembre de 2018, la planta ha tenido tres gerentes, un síntoma de su debilidad institucional. La central enfrenta además tres demandas legales por el nombramiento del actual gerente, Héctor López Villareal, a quien un grupo de trabajadores acusa de incumplir los requisitos para ocupar el cargo; por la renovación de la licencia y por el otorgamiento presuntamente irregular de al menos dos contratos relacionados con las obras de dicha extensión.
Los sucesos que tuvieron a la planta en riesgo “naranja” durante septiembre, y que quedaron documentados en el reporte de condición 102649, ocurrieron durante la recarga de combustible que inició el 14 de agosto y debía acabar un mes después, pero concluyó con una demora de al menos 14 días; un retraso que, aseguran los que conocen su funcionamiento, ya se ha convertido en una tradición en la Central Nuclear Laguna Verde.
Fuente: El País
