Bernardo Gutiérrez Parra
De no haber sido por los acarreados que la Secretaría de Salud envió al Congreso local, la comparecencia del titular de esa dependencia Roberto Ramos Alor hubiera sido muy triste. A diferencia de sus compañeros de gabinete el médico pediatra no logró llenar el graderío. El salón de comparecencias semejaba una plaza de toros donde un matador maleta se tiene que contentar con que lo vean sus familiares a falta del auténtico público.
Los escasos acarreados llegaron en un autobús Mercedes Benz de la propia Secretaría de Salud que tenía en los costados y el frente sendos letreros donde se podía leer: Transporte gratuito campaña de vacunación Covid-19. Es decir, la unidad dejó de hacer sus funciones para servir de comparsa al señor secretario.
En cambio, los médicos especialistas lo hicieron en sus vehículos. Me topé con cuatro conocidos y cuando les pregunté qué hacían ahí uno contestó ante la hilaridad de los tres restantes: “Digamos que fuimos forzosamente invitados”. Y en efecto, ninguno quiso arriesgarse a perder su chamba y sus años de antigüedad por una inasistencia que hubiera sido tomada como un desaire.
Lo picoso de la comparecencia no fueron las cifras ni el rosario de mentiras que dijo Ramos Alor, sino los cuestionamientos de los diputados que lo sacaron de sus casillas y lo obligaron a estar todo el tiempo a la defensiva.
El diputado Marlon Ramírez Marín, exhibió contratos presuntamente al margen de la ley celebrados entre la Secretaría de Salud y empresas dedicadas a otros giros por ejemplo, una que vende medicamentos para animales. Con papelito en mano Marlon dio cuenta de la corrupción, contratos amañados y otras lindezas superiores a los 34 millones de pesos.
La notita de color la dio la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, Esther Martínez. A la morenista no le gustó nada que Marlon le entregara tanto a ella como a Ramos Alor una carpeta con los presuntos contratos chuecos de la SSA y le pidió que le entregara una carpeta igual, pero con las anomalías de Javier Duarte.
¿A qué se debería el exabrupto de la señora? ¿A que su hermano tiene plaza de aviador en la secretaría de Salud y estaría embarrado en los enjuagues monetarios? Es pregunta respetuosa.
La diputada Anilú Ingram, puso al descubierto una presunta estafa con la transferencia de 40 millones de pesos a médicos cubanos de los que no se encontraron documentos comprobatorios de su formación profesional. Es decir, los médicos que supuestamente vinieron a auxiliar en la lucha contra el Covid, habrían sido médicos “patito”.
Anilú le dijo a Ramos Alor que el presupuesto de casi 800 millones de pesos que no programará para el próximo año serviría para 6 mil 600 tratamientos de quimioterapia en un año y para casi 2 millones de dosis de vacunas Pfizer y le preguntó si seguirá el desabasto de medicamentos. De paso, le recordó que han muerto 31 niños veracruzanos por falta de quimios.
Ramos Alor contestó que ni las farmacias privadas tienen el 100 por ciento de abasto y los demás cuestionamientos se los saltó. Sobre los niños muertos no dijo nada.
A cada pregunta el funcionario respondía gesticulando, parloteando, alzando la voz, multiplicando sus mentiras y recurriendo a arengas setenteras que la raza vestida de blanco le aplaudía. Repitió hasta la náusea frases como “las administraciones pasadas” y “monumentos a la corrupción”, pero nunca aceptó su responsabilidad en el desabasto y en las transas (ya inocultables) que hay en su secretaría. Impotente para contestar las preguntas de Anilú le dijo “frívola” aunque luego se disculpó.
Para no perder la costumbre cuatroteísta se fue contra las grandes farmacéuticas “que se han negado” a producir una vacuna contra el VIH debido a “intereses bastardos”. También arremetió contra la “mafia” que ha encarecido los medicamentos oncológicos y se niega a producirlos.
Al término de la comparecencia elevó la vista al cielo y saludó con la mano en alto a un recinto semivacío. Luego vinieron las selfies, el “Sí se pudo”, los abrazos, las felicitaciones, el “estuvo de primera mi secre”. Pero…
Ramos Alor sabe que su visita al Congreso fue un fiasco y sabe que mintió. Sabe que su dependencia está infestada de corrupción. Sabe que hay millones de pesos cuyo destino no puede comprobar. Sabe que lo que le dijeron los diputados opositores es cierto y sabe que muchos de los señalamientos pueden convertirse en acusaciones penales. Pero la soberbia es la soberbia.
Cuando Marlon Ramírez le dijo que es el único funcionario que tiene dos cargos que lo llevan a tener una doble fiscalización; tanto de la Contraloría General como de la Auditoría Superior de la Federación, Roberto Ramos Alor contestó muy sobrado y altanero: “Por supuesto que estoy enteradísimo de los alcances de mi cargo, aparte de médico pediatra, soy licenciado en derecho. Si hay algún cargo o cargos que son observados con lupa son precisamente los que tengo, todos los entes fiscalizadores están pendientes de mi cargo y nombramiento, estamos apegados a derecho”.
Si esto último es cierto el funcionario puede dormir tranquilo. De lo contrario, tendrá que hacer uso de su título de licenciado en derecho después del 2024 porque, puedes apostar lector a que será uno de los ex secretarios más solicitados por la justicia.
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