Bernardo Gutiérrez Parra
En Veracruz hay al menos 800 ex funcionarios transas que difícilmente pisarán la cárcel. Son peces gordos plenamente identificados con nombres y apellidos, las denuncias en su contra están debidamente sustentadas con pruebas documentales, se sabe exactamente cuánto robaron malversaron o desviaron y sin embargo gozan de impune libertad.
El atraco lo cometieron entre 2007 y 2018 y fue un robo multitudinario por más de 33 mil millones de pesos que involucra a ex presidentes municipales y a tres ex gobernadores: Fidel, Javier y Miguel Ángel.
¿Quién los denuncia? El Órgano de Fiscalización Superior que interpuso 68 denuncias correspondientes al sexenio de Fidel Herrera; 88 al periodo de Javier Duarte y 36 que corresponden al bienio de Miguel Ángel Yunes, para un total de 192.
Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuya titular, Clementina Salazar Cruz, seguramente ha de espantar las moscas con ellas porque la pesca de ladrones ha sido muy magra.
¿A qué se debe este sospechoso rezago judicial cuando las acusaciones penales están sustentadas en solidas evidencias? A la impunidad, a qué más.
La impunidad, lector, es la peor lacra que padece nuestra sociedad. Está por encima de la violencia con su cauda de asesinatos; por encima de las masacres, secuestros, feminicidios, robos, violaciones, desaparecidos y el abuso de autoridad. Nada de esto padeceríamos si no hubiera impunidad.
La impunidad es la clave. Por eso cuando López Obrador agita su pañuelo blanco y dice que se acabó la corrupción enternece. La corrupción jamás se irá si antes no se va la impunidad. Si la corrupción tiene permiso es porque se lo da la impunidad.
Uno no se explica por qué Cuitláhuac García y la Fiscal Verónica Hernández, están dejando pasar la oportunidad de oro de encarcelar a esos presuntos ladrones y corruptos del pasado.
¿Por qué esa pasividad cuando una aprehensión de ese calibre elevaría a los cielos la alicaída popularidad del gobernador y legitimaría a su Fiscal?
¿Será por la impunidad?
No se me ocurre otra respuesta cuando estos sujetos robaron la inimaginable cantidad de 33 mil millones de pesos, no se andan escondiendo y ni siquiera los han llamado a declarar.
Mientras continúe la impunidad el saqueo seguirá sin remedio. Y como la 4T no está exenta de meterle la mano al cajón del erario, que no vengan con el cuento de su honestidad acrisolada.
Así como el Orfis dio a conocer (con la celeridad que le caracteriza), el bandidaje de los que ya se fueron, así sabremos por ahí del 2030 o 2036 el monto de lo que se robaron Cuitláhuac y sus muchachos.
Y todo para que se haga la alharaca mediática y ya. Verás lector cómo los ladrones del 2018-2024 se pasearán impunes como lo hacen ahora dos ex gobernadores y cientos ex alcaldes, a los que la justicia simple y sencillamente les ha pelado los dientes.
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