El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será quien defina las controversias Constitucionales interpuestas contra el acuerdo para que las Fuerzas Armadas desempeñen labores en materia de seguridad pública.
Señaló que la controversia interpuesta por el gobierno de Michoacán es válida, “pero vamos a defender lo que está en la Constitución”.
“En una democracia no podemos pensar de una misma manera, eso corresponde a las dictaduras, se debe garantizar el derecho a disentir y vamos a seguir con el apoyo de la Sedena y Marina para garantizar la paz en el país”.
El mandatario recordó que ya está establecido en la Constitución que el Ejército y su labor es fundamental porque así se garantiza la paz y la seguridad en el país.
En conferencia de prensa, el Presidente señaló que en el pasado había mucha descomposición en la Policía Federal, y esta es la razón por lo que se tomó la decisión y se propuso una reforma constitucional, la cual se logró gracias a la aprobación de todas las fuerzas políticas.
Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles enfatizó que a López Obrador “yo le refrendo mi respeto, jamás seré grosero con el Presidente, tenemos una responsabilidad grande” y destacó que “tenemos diferencias, pero vamos a trabajar juntos”.
Aseguró que ésta no tiene dedicatoria para el mandatario ni para el Ejército, pues lo único que se busca es clarificar las condiciones del decreto en el actuar de las Fuerzas Armadas”.
Ayer, la SCJN aceptó revisar la constitucionalidad del acuerdo presidencial sobre la participación, hasta marzo de 2024, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La ministra Margarita Ríos Farjat admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles y con la que se busca invalidar el decreto de Presidente, publicado el pasado 8 de mayo.
Ríos Farjat comenzará a elaborar un proyecto de sentencia sobre la constitucionalidad o no del acuerdo presidencial que presentará próximamente ante el pleno de la Corte .
Sin embargo, si el máximo tribunal del país llegara a dictar sentencia de invalidez, los efectos sólo aplicarían en el Estado Michoacán y no para el resto del país.
