Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 desaparecieron en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que de acuerdo a investigaciones posteriores, fueron asesinados y sus cuerpos cremados en un basurero.
El hecho ocurrió en un municipio gobernado por el perredista José Luis Abarca quien junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, pertenecían al grupo delictivo Guerreros Unidos que asolaba aquella zona. José Luis dio la orden a Felipe Flores, jefe de la policía municipal, de que se “encargara” de los muchachos. Felipe los entregó a unos criminales y lo demás es historia.
Reitero, este hecho se cometió en un municipio perredista, en un estado gobernado por el PRD y lo llevaron a cabo criminales auspiciados por el alcalde. Sin embargo, la responsabilidad recayó en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y se convirtió en un crimen de Estado.
La culpa de cada periodista acribillado en cualquier parte del país con Fox, Calderón o Peña como presidentes, les fue achacada a ellos. Y se hicieron comunes las pancartas con la imagen de estos tres sujetos donde caía como plomo la palabra ¡Asesino!
Lo mismo ocurrió con las víctimas inocentes (colaterales que les llaman) de la guerra contra el narco; cada una de ellas ha sido crimen de Estado. Algunos de esos crímenes provocaron manifestaciones de hombres y mujeres que clamaban -con toda razón- justicia que aún no han recibido.
¿Fueron responsables los expresidentes de esas muertes? Constitucionalmente sí, porque juraron velar por la integridad, seguridad y bienestar de los mexicanos.
Partiendo de esa premisa, ¿por qué no se mide con la misma vara al gobierno de López Obrador?
En sus primeros 18 meses como presidente han sido asesinados más de 15 periodistas, cantidad que proporcionalmente es superior a la de los tres sexenios anteriores. Y nadie le ha hecho un reclamo por esas muertes.
López Obrador llegó al poder con un plan para combatir la inseguridad diametralmente opuesto al de sus antecesores: abrazos no balazos, que ha ocasionado masacres y violencia desmedida. Y nadie le ha restregado en la cara tantas muertes.
Al menos el gobierno de Peña Nieto (sin discusión, el presidente más corrupto que ha tenido este país), realizó una investigación sin precedentes para dar con los culpables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué ha hecho el gobierno de López Obrador para dar con los responsables de las masacres de Salamanca, Minatitlán, Coatzacoalcos o de la familia Le Barón?
Este sexenio ha registrado más feminicidios, más homicidios dolosos y más secuestros que ningún otro. Es hasta ahora (apenas en año y medio) la administración más violenta de la historia y nadie le exigen cuentas al presidente.
Ayer por la mañana fue asesinado en Ciudad Obregón, Sonora, el periodista José Castillo Osuna cuando salía de su domicilio en la colonia Campanario. José cubría la fuente policiaca y era dueño del portal de noticias Prioridad Máxima, tenía 55 años y 25 de antigüedad en los medios de comunicación.
Castillo Osuna es el periodista número 16 asesinado en el gobierno de López Obrador y nadie lo ha responsabilizado de ese crimen, como sí ocurrió con sus antecesores a quienes les cargaron todos los muertos. Esto a pesar de que ahora es el responsable de la inseguridad que priva en el país. Inseguridad que ha fomentado por su blandura frente a los grupos criminales.
¿A qué se debe que ahora no haya manifestaciones ni reclamos al Primer Mandatario?
Sencillo: en los sexenios anteriores eran los seguidores de AMLO los que organizaban y encabezaban esas protestas. Pero ahora su jefe está en el poder y ni modo que pateen el pesebre o muerdan la mano de quien les da de comer.
La verdad lector, no encuentro otra explicación al sospechoso silencio ni a tanta indiferencia.
Rumbo al 2021
A pesar de que el coronavirus está a todo lo que da y ni el doctor Hugo López-Gatell sabe cuándo aminorará la pandemia, el gallinero político en Veracruz ya está alborotado. Tan es así que a pesar de que aún no comienza el proceso electoral, son varios los políticos que andan en abierta campaña sin que les importe mucho violar la ley electoral.
En contraparte, hay otros que han respetado los tiempos, pero que sin duda aparecerán en las boletas para los comicios del próximo 6 de junio. Y van dos nombres.
Apunta lector a David Velasco Chedraui al que no es la primera vez que menciono como seguro candidato a la alcaldía de Xalapa. Y si lo vuelvo a nombrar, es porque sin mover un dedo cada día gana más adeptos entre los xalapeños. Pero además, porque varios partidos le están guiñando el ojo para hacerlo su candidato. Como bien sabes, ya fue alcalde de Xalapa y quizá esa es su mejor carta de presentación por el excelente trabajo que realizó sobre todo en las colonias populares. Pero no queda a la zaga su labor como legislador local donde entregó buenas cuentas. ¿Por qué partido contenderá David? Esa es la incógnita. Pero de que aparecerá en las boletas, eso es un hecho.
En la zona norte, son varios los aspirantes a la presidencia municipal de Tuxpan entre los que destaca el empresario Everardo Gustin. Hace unos años Everardo fue precandidato a la alcaldía y en ese entonces presentó un proyecto para modernizar el puerto y generar más empleos. Pero lo tuvo que guardar en un cajón porque el PRI privilegió más sus intereses que el interés de tuxpeños. En el 2021 ese proyecto puede ser la bandera de este hombre emprendedor al que el PAN quiere como su candidato, pero al que el PRI no le quita el ojo de encima. No hay que perder de vista a Everardo Gustin y dar como hecho que también aparecerá en las boletas del próximo 6 de junio.
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