Mientras entidades como Quintana Roo, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Oaxaca y Nuevo León no aguantaron más la pasividad del gobierno federal y comenzaron a tomar medidas para detener o inhibir el avance del coronavirus, en Veracruz las cosas siguen igual. Es por eso que varios municipios también tomaron medidas contra la pandemia.
La primera en actuar y con medidas bastante radicales, fue la alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín, que no sólo ordenó cerrar las playas, sino que prohibió la celebración de 15 años, bodas, primeras comuniones, reuniones públicas y privadas y hasta los bailes de fin de semana que nunca faltan en aquella Villa.
Esto molestó al gobierno estatal que le quiso parar el alto, pero Citlali dijo que prefiere prevenir a lamentar. En caso de uno o más contagios no cuenta con la infraestructura necesaria para atender a los enfermos ya que Tamiahua carece entre otras cosas, de un hospital.
En Veracruz, el alcalde Fernando Yunes Márquez dijo que mantendría con vigilancia sanitaria la zona portuaria y el aeropuerto. Pero además, ordenó la suspensión de concentraciones masivas y la revocación de permisos para realizar eventos culturales, artísticos y deportivos. También ordenó el cierre de centros culturales y bibliotecas.
Días después y con siete casos confirmados de coronavirus, reforzó las medidas y esto no le gustó al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, que le envió una atenta misiva.
“Derivado de la información difundida por los medios de comunicación acerca de las medidas adoptadas en su calidad de autoridad municipal a propósito de la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, respetuosamente me permito precisarle que las únicas acciones que el Gobierno del Estado de Veracruz reconoce como válidas, son las que dictan a Nivel Federal el Consejo de Salubridad Federal y a nivel estatal el Consejo Estatal de Salud…
“Por lo anterior, toda acción que asuma otra instancia de gobierno de manera unilateral, se considera al margen de las directrices válidas y fundamentadas en la normatividad sanitaria asumidas a nivel estatal y recae exclusivamente, en el marco de responsabilidad de su competencia municipal”, dice la carta de Eric en su parte medular.
Yunes Márquez contestó al día siguiente (24 de marzo) con un lacónico mensaje de cuatro líneas: “Acuso recibo de su comunicación. El H Ayuntamiento que presido mantendrá todas las acciones que hemos anunciado para salvaguardar la salud y la vida de los veracruzanos. En materia de cuidado de la salud y de la vida, lo que abunda no daña”.
Descolones de este tipo jamás se hubieran permitido en otros tiempos… cuando había autoridad.
De acuerdo con la reportera Flavia Morales en una nota para el portal de noticias AVC, al menos 68 de los 212 municipios veracruzanos han tomado medidas radicales ante la crisis del Covid19, que van desde cerrar playas, bares y espacios públicos, hasta poner filtros de revisión y cerrar el paso a turistas.
Flavia dice que desde que la Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus es una pandemia, las medidas tomadas por los ayuntamientos para proteger a su población han ido en aumento, aunque no son estandarizadas en todo el estado, ni están vinculadas con las disposiciones de los gobiernos estatal y federal.
Además de la alcaldesa de Tamiahua y el de Veracruz, los munícipes de Tecolutla, Tlacotalpan, Naranjos, Benito Juárez, Platón Sánchez, Tamalín, Tampico Alto, Paso de Ovejas, Zongolica, Nautla, y Castillo de Teayo implementaron medidas extremas como colocar filtros de seguridad sanitaria y retenes en las entradas a sus municipios.
También en Nogales, Playa Vicente, Tempoal, Tres Valles, Tuxpan, Boca del Río, Juchique de Ferrer, Lerdo de Tejada, Actopan, Altotonga, Carrillo Puerto, Nautla y Coatzintla se han tomado medidas similares.
El alcalde de Orizaba, Igor Fidel Rojí López declaró emergencia por el Covid-19. Desde este lunes y hasta el 20 de abril suspendió toda actividad en espacios públicos, recreativos, culturales y deportivos. Y ordenó el cierre de bares, cantinas, discotecas y cines.
Y así hasta contar 68 ayuntamientos.
Ante la falta de una autoridad estatal, la sociedad actúa en consecuencia. Esto debería saberlo Eric que si de algo adolece es de autoridad y por eso los munícipes se le están saliendo del huacal.
Conforme pasen los días y siga la pachorra gubernamental más ayuntamientos tomarán medidas de prevención y nadie se los va a recriminar.
Una de dos, o Eric busca un acercamiento con los 212 munícipes para implementar medidas urgentes de sanidad, o tendrá que escribir 211 cartas admonitorias más. En una de esas a ver si un par de alcaldes le hacen caso, aunque sea por caridad.
Programas sociales a rango constitucional
El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que eleva a rango constitucional programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población e instaura un sistema nacional de salud para el bienestar.
El proyecto de decreto fue avalado con 91 votos en favor, uno en contra y una abstención. La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, lo remitió a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.
El dictamen reforma el artículo 4 de la Constitución para garantizar la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad.
Crea un sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social. Tiene como finalidad asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional.
Establece además que el Estado garantizará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a menores de 18 años, indígenas, afromexicanas, y aquellas en condición de pobreza.
Incluye el derecho a una pensión no contributiva a las personas adultas mayores de 68 años en adelante. En caso de personas indígenas y afromexicanas, este apoyo se otorgará, a partir de los 65 años de edad.
De la misma manera, pone en marcha un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, priorizando los que viven en familias en condiciones de pobreza. Esta medida pretende garantizar el derecho a la educación con equidad.
Evidentemente contento por la aprobación de este dictamen, el senador Ernesto Pérez Astorga escribió en su cuenta de Twitter: ¡Nuestro país se transforma construyendo un marco legal que vea por el sector más desprotegido!
Y vaya que tiene razón.
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