Héctor Yunes Landa
Articulista invitado
En México, morir con una exacerbada violencia es algo cada vez más común para las mujeres; el acceso a la justicia un acto excepcional. Ser mujer implica un riesgo permanente porque viven en una condición de vulnerabilidad nunca antes vista, consecuencia de la violencia y la inseguridad que se ejerce sobre ellas sólo por su condición de género.
No hay un lugar seguro. Más allá de las condiciones sociales, económicas y hasta de educación en las que viven, las mujeres siguen padeciendo en nuestro país una violencia de género que las coloca como el grupo de población más vulnerable. No sólo están expuestas a la agresión delincuencial que alcanza a todos los sectores sociales, sino que los más altos índices se registran respecto de su propia pareja y hasta su entorno familiar.
Esto explica la indignación pública por las recientes expresiones del Presidente respecto del feminicidio y la fallida pretensión de la Fiscalía General de la República (FGR) de eliminar este delito del código penal, bajo el cuestionable argumento de que para el Ministerio Público es difícil acreditarlo, por lo que proponen redefinirlo sólo como una agravante del homicidio.
Para las mujeres en México ha resultado insultante que el mandatario preste más atención a la rifa falsa del avión presidencial que a atender de manera directa y concreta la creciente ola de feminicidios en todo el país. “No quiero que los feminicidios opaquen la rifa”, dijo el Presidente, al mismo tiempo que unas 10 mujeres son asesinadas diariamente en el país. Su dicho es un llamado a la normalización de la violencia y la impunidad.
La mujer sigue siendo el elemento central de la apología de la violencia de género que ejercen algunos medios de información y las redes sociales, además de la indolencia, desinterés y falta de políticas públicas por parte del Estado. Estamos ante un gobierno feminicida que no protege ni garantiza justicia a las víctimas.
El viernes pasado, durante su conferencia matutina, al ser cuestionado sobre los altos índices de feminicidio en el país, el Presidente sugirió diez puntos contra la violencia de género; se trata de un “decálogo” de frases hechas y lugares comunes que sólo confirma la ignorancia y el desinterés del gobierno en el tema de los homicidios por razón de género. La iniciativa no ha servido siquiera de disculpa pública a la misoginia y el machismo institucional impuestos por el mandatario.
Hacer un recuento de los daños no es abonar al fatalismo; es tratar de entender lo que pasa en el país, donde la violencia de género se ha vuelto algo desproporcionada e inimaginable. Reconocer y castigar el delito de feminicidio sigue siendo imprescindible para la visibilización de la violencia en contra de las mujeres.
En México son asesinadas en promedio 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales, según datos publicados por el Inegi en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia Hacia la Mujer; es la cifra más alta de la que se tenga registro. Sin embargo, en los últimos cuatro años, sólo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres ocurridos en el país fueron investigados como posible feminicidio.
La precaria situación de seguridad que vive la mujeres es provocada por tres factores fundamentalmente: el creciente número de agresiones que nos coloca como el primer lugar en América Latina con el mayor registro de feminicidios, la incapacidad institucional para prevenir y proteger – y ante el fatal desenlace-, investigar para castigar a los responsables; y una descomposición social donde la vida de una mujer tiene cada vez menor valor.
Las investigaciones de las autoridades siguen tratando de encontrar respuesta a los brutales homicidios en los antecedentes, la personalidad o la vida privada de las víctimas, y muy pocas veces en la de sus victimarios. Y esta violencia se reproduce en un incesante bombardeo informativo que busca inducir que el homicidio por razón de género siempre tiene su origen a que ella misma motivó la conducta de su agresor. Las autoridades y los medios las hallan muertas, nunca asesinadas. Así de absurdo.
La incidencia de feminicidios a nivel nacional, en la lógica del gobierno federal, es un problema de difusión; según ellos, es culpa de los medios que generan campañas de difamación y manipulación. Pero en la realidad, los crímenes contra mujeres no se evitan, no se investigan, no se castigan y tampoco reflejan descenso en la estadística oficial.
Al Presidente le molestan las preguntas sobre feminicidios. A las familias de las víctimas les indigna la frivolidad y desinterés de su gobierno.
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