Después de la publicación de una servidora, el 06 de enero pasado, difundida en redes sociales y después, retomada durante una comparecencia en el Congreso de Veracruz, esta información se convirtió en escándalo internacional, por la aceptación bajo juramento frente a diputados locales, sobre el parentesco que tiene la Encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, con su prima hermana Guadalupe Hernández Hervis, ésta última, acusada de ser la principal operadora en los secuestros, trasiego de droga y cobros de piso del Comandante “H”, Hernán Martínez Zavaleta, Jefe de plaza en Coatzacoalcos, detenido en el 2018 y quien curiosamente en diciembre pasado, después de ser informadora del exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Humberto Téllez Marié en el 2018, Guadalupe Hernández Hervis obtuvo un Amparo Federal a finales del 2019, bajo presuntas negociaciones desde la Fiscalía General de la República. Ahora tenemos documentos confidenciales, en los que el Secretario Técnico de la FGE, Manuel Fernández Olivares no pasó los exámenes de control y confianza, en años anteriores, lo que obliga a no ser apto para el cargo, por no convenir a la Institución y luego, actualmente ocupa un cargo de alta jerarquía y no cuenta con dichas evaluaciones. Les vamos a contar, sobre este nuevo escándalo, en el que la Encargada de la FGE, engañó a todos, para nombrar a personajes con oscuros vínculos con la delincuencia organizada…
Resulta que Manuel Fernández Olivares, alias “Pámpano” y quien laboraba con el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, fue nota nacional cuando en mayo del 2019, varios medios de comunicación, entre ellos, el periodista Ricardo Ravelo informó sobre la presencia de Fernández Olivares en el Poder Judicial y a quien lo relacionaba con grupos criminales, durante sus cargos como Juez de Distrito y ser acusado de servir a los intereses de células delincuenciales, entre ellos, Luis Hernández Lechuga, alias “El Lucky”, líder de plaza en Veracruz, en el 2011 y detenido en el 2012, durante el operativo “Veracruz Seguro”. Con base a la declaración de El Lucky, interrogado por un Fiscal adscrito a la Secretaría de Marina, ésta se lee en el expediente 947/2012/VER-FIEAFTVS, en el cual, los detenidos señalaron directamente a Manuel Fernández Olivares, alias “El Pámpano”, quien siendo Ministerio Público apoyó y protegió a los entonces detenidos, bajo el pago de 100 mil pesos mensuales.
Ya para el 2017, Manuel Fernández Olivares fue designado Juez Primero de Primera Instancia en Coatzacoalcos, lugar, en donde Hernán Martínez Zavaleta era Jefe de Plaza y su operadora Guadalupe Hernández Hervis, prima hermana de la hoy Encargada de la FGE, Verónica Hernández Giadans. Guadalupe era la operadora de cobros y trasiego de droga, entre otros negocios ilícitos. Y esto se confirma, cuando en julio del mismo 2017, fue removido del cargo, por haber protegido al Comandante H y sus colaboradores. En el 2019, estuvo laborando en el Poder Judicial como Secretario de Acuerdos de la Sala Constitucional del Poder Judicial y asesor de Edel Álvarez Peña.
Vergonzoso, que mientras Manuel Fernández Olivares asiste a las reuniones de seguridad para la presunta “Construcción de la Paz”, teniendo información confidencial sensible a la mano, que puede ser filtrada a grupos delincuenciales, éste sigue relacionado con células delictivas, entre ellas la prima de la Encargada de la FGE Verónica Hernández Giadans, de nombre Guadalupe Hernández Hervis, quien fue beneficiada con un amparo federal en diciembre pasado, llevando su procesos en libertad, no por ser inocente, sino haber alegado anomalías en su proceso judicial… Y con esto se comprueba que la administración de Cuitláhuac García se ha convertido en un Narco-Gobierno, con funcionarios coludidos con estos grupos delictivos. La liga para leer esta nota en: https://www.sinembargo.mx/17-05-2019/3582249
Y si esto capta su interés en lo que estamos informando, también les comentamos que Manuel Fernández Olivares no pasó los exámenes de control y confianza en el 2011. Resulta que con base a documentos confidenciales, expedidos el 26 de octubre del 2011, la entonces Procuraduría General de Justicia y su Centro de Evaluación y Control de Confianza, bajo una Investigación Socioeconómica y la Autorización para la Realización de la Investigación Socioeconómica, se le realizó estos estudios al actual Secretario Técnico de la FGE, Manuel Fernández Olivares, en la que otorga su consentimiento para que a su cónyuge, María de Lourdes Montalvo Olea, proporcione al Investigador todos los datos que se requieran. En este documento se observa su nombre, rúbrica y hasta huella dactilar. De igual manera, en el mismo día, 26 de octubre del 2011, se le realizó la Evaluación Psicológica, Evaluación de Control de Confianza, aceptando éstos exámenes con firma y huella dactilar…
También, el 27 de octubre del 2011, el actual Secretario Técnico de la FGE autorizó que se le realizara la Prueba de Evaluación Poligráfica, con inicio de las 9:20 horas, observándose de igual forma su firma y huella dactilar.
En los documentos, se anexa el resultado que se lee “NO HABER APROBADO LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA”, firmado por Bertoldo Reyes Campuzano, quien era Subprocurador de Supervisión y Control de la antes Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, de quien también se aprecia su firma en el documento. Cabe mencionar algo muy importante, la relación de Bertoldo Reyes Campuzano en el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez es evidente, cuando a su hijo, Daniel Reyes Morán, le entregaron una Notaría, como lo publicamos con la liga: https://plumaslibres.com.mx/2018/12/30/cuitlahuac-garcia-entrega-paquete-de-16-notarias-a-operadores-de-morena/, el 30 de diciembre del 2018…
En el Oficio con el número FGJ/SSC/0190/2012, con fecha del 31 de enero del 2012, dirigido a Felipe Amadeo Flores Espinosa y firmado por Bertoldo Reyes Campuzano, éste último externa textualmente: “Acuerdo dictado dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad número 027/2012, del Índice del Departamento de Procedimientos Administrativos de Responsabilidad de esta Subprocuraduría, iniciado con motivo del oficio número PGJ/OP/0774/2012, con fecha del 31 de enero del 2012, se remite el Expediente número “CECC/Integración de Expediente/21 mayo 2009/0285”, signado por el Teniente de Infantería Guillermo Díaz Salas, Coordinador del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que contiene el resultado del dictamen final de las evaluaciones de control de confianza practicadas al Lic. Manuel Fernández Olivares, Agente del Ministerio Público Tercero Investigador en Veracruz, Veracruz, en el cual, dicho servidor público resultó No Aprobado; por medio del presente y anexo al mismo, me permito enviar a Usted copia debidamente certificada del acuerdo de inicio del expediente antes citado”…
En el mismo documento, Bertoldo Reyes Campuzano advierte a Amadeo Flores Espinosa: “Lo anterior con la finalidad de que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones que le confiere la ley, tenga a bien disponer de las medidas precautorias que estime necesarias aplicar a Manuel Fernández Olivares, Agente del Ministerio Público Tercero Investigador en Veracruz, Veracruz, para la debida conducción y preservación de la función de la cual forma parte y del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad al cual se le ha sometido”… Rúbrica de Bertoldo Reyes Campuzano.
Increíble, que Verónica Hernández Giadans sabiendo estos documentos, realizó una omisión a un deber legal y nombrar a Manuel Fernández Olivares, como Secretario Técnico de la FGE y hacerlo su segundo al mando… Y sin evaluaciones de control y confianza, como ella también omite. Aun cuando no pasó el examen de control y confianza en el 2011, fue nombrado como Secretario Técnico y la normatividad que rige a todo servidor público en la Fiscalía General del Estado no puede aspirar a un cargo, por el antecedente de no haber aprobado las evaluaciones de control y confianza. Así lo indica la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dicta en el Artículo 22, que “le corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de entidades federativas realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública”.
De igual manera, en el Artículo 52, en el rubro de Ministerios Públicos, el cual dicta: “No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables y presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables”.
Además, en el Artículo 56.- “Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable. Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley… Artículo 57.- Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso, concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, local o federal”…
Para terminar, no perdamos de vista que las evaluaciones de Control y Confianza de Manuel Fernández Olivares no fueron aprobados, por tener vínculos con la delincuencia organizada.
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