Los derechos humanos son sin lugar a dudas piedra angular en la construcción y consolidación de la democracia y la gobernanza, capaces de garantizar la credibilidad de un sistema y acciones de gobierno que siempre tenderán a legitimarse en ideales como la justicia, la cual se encuentra estrechamente vinculada con el respeto y garantía de los derechos humanos y su respeto.
Según Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, México ocupa el último lugar entre los 34 países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el lugar 17 de las 20 economías más importantes a nivel mundial (G-20) en materia de corrupción, tan sólo detrás de países como Rusia y la India, cuestión preocupante en sí misma pero que se hace aún más grave cuando se analizan las magnitudes de cada economía.
El problema es que no se han hecho las cosas bien desde el principio, falta efectividad y eficiencia en la planeación, diseño, ejecución y supervisión de políticas públicas, lo que ha tenido como consecuencia que la corrupción -aunada a la impunidad- generen una reiterada y sistemática violación de derechos humanos, colocando al Estado en situaciones de insolvencia que le impiden cumplir con sus responsabilidades, más cuando los derechos humanos se relacionan con el otorgamiento de ciertos bienes y servicios.
Así, la corrupción se materializa en acciones concretas que afectan al Estado, la vida social, el bienestar de los individuos y las condiciones necesarias para el ejercicio político de la democracia y la impartición de justicia en la medida en la que se afecta la asignación de recursos a finalidades distintas y ajenas al bien común.
Todos tenemos derecho a una buena administración, en términos del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa (no alguno similar para nosotros), a que las instituciones traten los asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable,y no con intenciones oscuras de grupo o particulares, relacionadas con mantener el poder a costa de lo que sea.
Si tomamos en cuenta que existen derechos humanos como el de la salud, la alimentación, la vivienda y la educación, que dependen netamente de la asignación estatal de los recursos suficientes y necesarios, podemos dimensionar el daño que hace la corrupción a la sociedad; imaginemos cuántos desayunos, medicinas, escuelas, hospitales, casas, becas, carreteras se pudieron haber obtenido con 20 mil millones, 40 mil millones, 100 mil millones ¡INSULTANTE! de hecho no es posible calcularse pues hasta la fecha no es información pública cierta el tamaño de la deuda de Veracruz, hay que tener poca vergüenza para dar un discurso de que las cosas van bien mientras literalmente se roban el dinero.
Veracruz cuenta con un rezago considerable en materia de derechos humanos; de hecho estamos entre los 10 peores estados en el índice de estado de derecho -según un estudio de World Justice Project-, que no necesitamos de que agencias internacionales nos lo digan, a diario somos testigos de las consecuencias de la inseguridad, falta de recursos, de oportunidades, de orden, entre otras cosas. ¿Cuántas personas sin empleo? ¿Cuántas personas haciendo fila en los servicios de salud esperando una consulta? ¿Cuántos negocios sobreviviendo por falta de recursos? Lo que convierte a nuestro estado en terreno fértil para la corrupción, por eso considero que este es un tema que debe colocarse en la agenda de su cumplimiento (garantía), generando conciencia y sensibilidad pero además avances concretos en el área legislativa, la administración pública, además de su exigencia y justiciabilidad, que se hagan demandables ante los tribunales y que se obtengan resultados concretos de sus sentencias.
Aquí es cuando se entiende que un frente eficaz contra la corrupción no sólo requiere de la participación de los actores políticos directamente involucrados en el manejo de los recursos públicos y que éstos tengan calidad humana y ética de respetar lo que por derecho no es suyo, sino también de los medios de comunicación y la sociedad civil en general, nosotros como sociedad tenemos que utilizar herramientas como transparencia y rendición de cuentas que podemos echar a andar, además de la posibilidad de acudir a tribunales a exigir lo que la Constitución y las leyes nos garantizan, al final, el dinero con el que el gobierno funciona viene de nuestros impuestos ¿por qué la indiferencia de no cuidar que llegue al destino que le corresponde?
Por ello, se hace no sólo necesario sino indispensable el funcionamiento correcto, coordinado y vinculado de los tres poderes, más que con confrontaciones y ataques, en franca cooperación, desde luego siempre respetando la división de poderes; lo anterior, con el objetivo de dar a la gente resultados tangibles que mejoren nuestra calidad de vida y no sólo mediáticos que sólo engrosan las cuentas bancarias de los dueños de los noticieros, tener un puesto no es para lucirse, no es sacarse la lotería o un premio por ser obediente, es un compromiso ante las leyes y la sociedad y como tal debe cumplirse.
Como ha puntualizado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la corrupción socava el desarrollo democrático, dificultando el desempeño de instituciones públicas y el uso óptimo de los recursos. Fomenta el encubrimiento y las restricciones. En última instancia, les niega el desarrollo y la posibilidad de una mejor calidad de vida a los miembros más vulnerables de la sociedad, pensemos en los niños, en los adultos mayores, en las familias de los desaparecidos, en los indígenas, en los que no tienen techo ni comida, en los que no consiguen oportunidades de mejorar, ahí están, a la vista de todos. Es momento de prestarles atención.
Tw: manuelherrera27
