- Ilusoria autonomía, la Fiscalía General del Estado siempre ha estado bajo el control del Gobernador.
Xalapa, Ver. A 05 de noviembre de 2018.- A nombre y representación de la Organización Nacional de Empresarios Anticorrupción A.C (ONEA), el Director Ejecutivo Iván Gidi Blanchet denuncia y solicita Juicio Político contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winclker Ortíz por incurrir en actos u omisiones que constituyen perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho, al violar sistemáticamente garantías individuales y sociales; e infraccionar en forma intencional la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Fiscalía.
En el Estado de Veracruz, las acciones del Ministerio Público han estado situadas dentro de la órbita política del titular del Poder Ejecutivo, bajo el control del Gobernador del Estado, cita un documento extenso de la citada organización.
Aunque desde junio de 2016 dotaron de autonomía constitucional a la función de procurar justicia en Veracruz, tras la desaparición de la Procuraduría General de Justicia, y la creación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la autonomía deseada por el constituyente ha resultado ilusoria. Primero, con el Fiscal General Luis Ángel Bravo (ahora vinculado a proceso y en prisión), y después con el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz.
“Desde el primer momento en que se planteó la necesidad de remover al primer Fiscal General del Estado, el actual titular del poder Ejecutivo del Estado mostró su necesidad de contar con un titular de la FGE a modo, definido por él, o elegido -indirectamente- por él. De hecho, desde su campaña el actual Gobernador del Estado delineó que ejercería las funciones que competen, constitucionalmente, a un ente autónomo: la Fiscalía General del Estado; entre éstas, “meter a la cárcel” a funcionarios”, reza el texto de ONEA.
Para ello, decidió que, de la decena de nombres remitidos por el Congreso del Estado para la conformación de la terna para elegir al sucesor del Luis Ángel Bravo, debía incluirse a quien fuera su abogado personal (y de su familia y allegados, y representante jurídico cuando era candidato, exponiendo su interés por que ocupara el cargo quien fuera identificado como su “alfil”.
Incluso, de manera previa, lo habían designado parte de su “equipo de transición”, y fue objeto de sustentadas críticas en torno del eventual conflicto de interés que existiría en el Fiscal General del Estado.
Por ende, se sostiene que la designación de Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General del Estado por parte de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, no se sujetó a ningún criterio que pretendiera que quedara garantizada la independencia y autonomía de dicha institución; por el contrario, el único estándar identificable fue la incondicionalidad al titular del Poder Ejecutivo.
Sobresale en la denuncia que presentarán ante el Congreso del Estado, este martes 6 de noviembre en el ámbito de la Comisión Nacional De Los Derechos Humanos, la Recomendación 32/2018:
La Comisión Nacional, solicitó a la Fiscalía General su colaboración a fin de tener acceso a los expedientes del Acta Circunstanciada y de la Carpeta de Investigación 2. No obstante haber esperado aproximadamente 5 horas para ser atendidos, la respuesta que proporcionó AR20 fue negativa, e informando que AR18, en su calidad de superior, no le había instruido otra cuestión.
En ese sentido, la Fiscalía General obstaculizó en el ejercicio de las facultades de investigación de este Organismo Nacional, así como su limitada colaboración no han permitido conocer con precisión si se efectuaron las diligencias necesarias para conocer la verdad de los hechos.”
En consecuencia, se tiene que -de manera inédita- el actual Fiscal General del Estado ha sido señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de OBSTACULIZAR las tareas de ese organismo. A más de que lo que se desprende de dicha Recomendación, es la decisión de la Fiscalía General del Estado de encubrir y brindar impunidad a las autoridades responsables de victimizar a pensionados y jubilados, autoridades cuyos actos debían ser investigados por configurar graves violaciones a Derechos Fundamentales.
Se suma a esta Recomendación, otra de particular relevancia (la 4/2018), sobre la violación a Derechos Humanos cometida en relación con la desaparición de un activista (Claudia Ivonne Vera García) que brindaba acompañamiento a los colectivos de familiares de personas desparecidas .
Y precisamente, en relación con quienes han padecido la desaparición de familiares y que se han acomunado en colectivos que pretenden que la Fiscalía General del Estado actúe con la debida diligencia y eficiencia, la relación con éstos ha estado significada por el menosprecio del Fiscal General del Estado.
Así lo han evidenciado, al punto de indicar que Winckler Ortíz, la situación por la que atraviesan “le vale madre”, desplegando para con ellos una actitud “protagónica y grandilocuente”, exigiendo tales Colectivos de familiares desaparecidos que el Fiscal General de Veracruz sea investigado por el delito de omisión, al no haber trabajado para encontrar a los desaparecidos, revictimizando y actuando con desprecio en contra de ellos, según acusan, bloqueándoles el acceso al único medio de contacto que tenían con él (su cuenta de Twitter), permitiendo que un equipo de futbol de la propia Fiscalía se llame “Desaparecido”.
