Muy desafortunado para la grave crisis institucional mexicana que Javier Duarte, en una nueva carta al periodista Ciro Gómez Leyva, se declare un preso político y 24 horas después el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, anuncie el indulto a todos los reclusos “políticos” a partir del 1 de diciembre. Un circo con varias pistas. No se cuestiona la libertad a verdaderos presos políticos o injustamente encarcelados, sino se teme un “robaproa” de cuello blanco.
La declaración de AMLO fue en el marco de la petición de una libertad anticipada de la familia del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, acusado de delincuencia organizada. Reo con el que por cierto se encontró Duarte de Ochoa, el pasado 18 de enero, en su visita al servicio médico del penal, y quien criticó la sentencia del veracruzano. López Obrador aclaró que los destinatarios del indulto serían “campesinos que están la cárcel desde hace cuatro o cinco años y ciudadanos/presos políticos que ni siquiera tienen sentencia”, y con ello prendió las alertas.
No resulta fortuito que los abogados del ex mandatario de Veracruz hubieran recusado el trámite de apelación a la risible sentencia de 9 años y multa de 58 mil pesos y pico, que le daba la posibilidad de salir libre en un plazo de un año. Si los defensores continuaban con esa diligencia, corrían el riesgo de que Duarte de Ochoa NO fuera liberado en diciembre, como se asegura lo hará con la amnistía de AMLO.
No considero que el Presidente constitucional de México electo quiera contribuir al artero ataque institucional con esa trampa que le ponen. Liberar a JDO implicaría atentar contra el orden social y político prometido. Supondría un patrocinio al estatus quo “conservador” que tanto cuestionan. Si ello ocurre la cuarta transformación no tendrá ningún crédito, valor o futuro.
Resulta evidente la operación para victimizar a Javier Duarte en el imaginario colectivo y erigirlo como un perseguido político, inocente de todas las imputaciones. Labor inadmisible aun cuando se haya cuidado las espaldas para que no se tengan pruebas contra él. Es inocultable lo que veracruzana/os atestiguamos y aún padecemos como consecuencia de una ambición desmedida de él y su bandilla. Esa narrativa es insostenible y absurda.
Vemos la impudicia de la PGR y otras instancias en su responsabilidad de procurar justicia. Las instituciones deben operar como mecanismos de orden social para normalizar el comportamiento de una sociedad. En la era priista y panista fungieron como el brazo armado, judicial y hacendario del gobierno en turno, y si libertan a Duarte indicaría que no habrá cambio en la época por venir. Lo que significaría que al final, como cita Carlos Ramírez, ganó el PRI.
Es decir el movimiento social de regeneración moral está transitando en círculos hacia el mismo régimen que criticaron. “Las instituciones valen según el valor del hombre (persona) que las aplica”, cita el filósofo y escritor Henrick Frederic. Idea que merece ser atendida por quien pretende gobernar una república con la base de una “Constitución Moral”, como salida para abatir a la corrupción. Craso yerro, además en un Estado laico, regido por leyes.
Una cosa es la ley y otra el orden. Toda ley tiene la aspiración de concretar un “Orden”. Si bien existe un debate inacabado sobre el grado de la capacidad transformadora de lo jurídico en lo social, hay que recordar que se vive en la división de poderes y la constitución de la nación son ejemplos de instituciones de las más relevantes. Gobernar por bandos o decretos no es admisible, es necesario aplicar la ley.
La corrupción es una transgresión a la ley y debe sancionarse, y más cuando López Obrador pregonó que “barrerá” de arriba hacia abajo. Pero la justicia debe aplicarla, no bajo la republica amorosa espiritual, sino vía el surco independentista, liberal y revolucionario de los tres grandes movimientos sociales de México, si realmente quiere que la acción de su movimiento sociopolítico aterrice en la construcción de una autonomía y cultura política que impulse el cambio de régimen.
Este nuevo gobierno está obligado a cumplir con el mandato del 1 de julio.
Los valores que debe promover y ejercer son los de la constitución de una república que pretende abatir la crisis de Estado, emanada de la impunidad y la corrupción; de la profundización de las desigualdades económicas, políticas y sociales, y condiciones de violencia que prevalecen en la mayor parte del territorio nacional, generando una sistemática violación de los derechos humanos.
Preocupa que bajo el estandarte de la moral quieran liberar a quien atracó, no únicamente las arcas públicas, sino directamente a miles de familias en Veracruz además de bañar de sangre y muerte al estado. ¿Por qué los periodistas voceros de Duarte no les dan voz a las víctimas y cuestionan a la “protegida banda de saqueadores? No debe ser gratuita la desmesura de un medio de comunicación, que difunde la versión de Duarte sin proceder periodísticamente.
El ex gobernador, por omisión o colusión no sólo se llevó el erario público sino dejó en bancarrota a millones que eran proveedores del gobierno. Peculado que costó vidas, desapariciones forzadas, incremento en delitos de alto impacto, que sigue pagando la población veracruzana, que vio además, que las promesas de resarcir el daño a los veracruzana/os, se quedó en los bolsillos de otros y su depredador está por quedar libre. Olvidan que “Si eliges entre el menor de dos males, al final del día, sigues teniendo mal” (Ralph Nader).
