Llegó la paridad al Congreso de la Unión al pasar del noveno al cuarto lugar en el ranking mundial de mujeres con presencia en el parlamento. Se registró como un avance histórico, empero resultó una paridad fingida que hizo levantar las voces de las mujeres que no se prestan al juego del simulacro para exigir: “Mujeres en el poder con poder”.
Se festejó que la LXIV Legislatura fuera la más paritaria de la historia, donde las mujeres ocupan 214 de las 500 curules en San Lázaro y 63 de los 128 escaños en la Cámara Alta pero, la igualdad no se ve cuando acuerdan que los órganos de gobierno de ambas cámaras sean presididos sólo por hombres. Todos los grupos parlamentarios y las mesas directivas se conformaron con varones únicamente, y ellos se encargarán de la conducción de los debates y votaciones.
Pese a que se pensó sería el gran avance civilizatorio de México, las mujeres no sólo siguen sin aparecer en el congreso, en lo que se ha catalogado como “paridad, pero no Igualdad Sustantiva”, sino que además reaparece en Chiapas la práctica machista para despojarlas de sus cargos de representación popular. Una violencia política inaceptable, una violación a sus derechos humanos y políticos.
Se atestigua que la cultura machista insiste en impedir que las mujeres lleguen al núcleo central de la toma de decisiones. En las campañas les quitaron hasta la vida y hoy en Chiapas les roban el cargo de legisladoras o síndicas, ante la mirada impasible del INE y el tribunal electoral que ven como normal la violencia política, pese a los tratados, que en materia de defensa de derechos de las mujeres, ha firmado México. Su reacción hoy es tardía.
La tendencia histórica de la modernidad y la democracia a igualar derechos y oportunidades no cumplirá sus fines mientras persistan en la práctica formas de discriminación, exclusión, relegamiento o desventajas estructurales para eliminar estas prácticas de cosificar a las mujeres para sus objetivos.
La paridad de género no es suficiente ya que persisten las conductas machistas y la cultura patriarcal exacerba el escenario hostil para las mujeres. Una vez que se logra llegar a los cargos públicos, la paridad se esfuma para continuar violentando a quienes ocupan los mandatos soberanos, y a otras, se les impide avanzar.
Consecuentes de la necesidad de la articulación política entre mujeres para impulsar la agenda de igualdad sustantiva, diputadas de todos los grupos parlamentarios se unieron en un frente común para exigir se garanticen los derechos políticos de las mujeres de Chiapas, dónde se le obligó a renunciar a sus cargos ganados en las urnas, configurándose como violencia política de género.
Violencia que crea discrepancias entre algunas feministas porque aseguran que el gobernador Manuel Coello, vía el PVEM, a quien se le atribuye tan aberrante acción de violencia de género, no es el responsable y que las que llaman “manuelitas”, solitas renunciaron. Gobernante que ante la protesta feminista se retractó con una iniciativa para prohibir tal absurdo.
En la cámara de diputados las noveles y experimentadas diputadas, unidas sin colores de por medio, le recordaron a los partidos políticos que los derechos no son negociables y que sin mujeres no hay democracia. Relanzaron el hashtag: #NoSinMujeres y exigieron específicamente al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, investigar los hechos ocurridos en dicha entidad, donde se presume que la renuncia de 30 regidoras y diputadas electas fue bajo presión del PVEM.
La diputada federal veracruzana Anilú Ingram, urgió a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres, al solicitar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y El Gobierno del Estado de Chiapas, trabajen coordinadamente para registrar posibles violaciones de los derechos humanos de las chiapanecas.
La legisladora veracruzana hizo un recuento de los tipos de violencia que enfrentan las mujeres en política y fijo su postura. “Por eso no podemos tolerar que la violencia política no se señale, mucho menos que no se castigue”.
La violencia política de género tuvo un significativo rol en las elecciones del 2018. La Fepade contabilizó por lo menos 200 casos de violencia política contra mujeres de 2016 a junio 2018. Las agresiones, atentados y asesinatos registrados en el pasado proceso electoral significaron un incremento del 400 por ciento en la violencia política.
La vice coordinadora de la bancada del PRI Ingram Vallines adelantó que se plantearán otras acciones afirmativas para que en la próxima composición de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, también se dé la equidad de género, ya que en la pasada Legislatura 77% de las presidencias fueron ocupadas por hombres.
El gran problema de la representación política de las mujeres en México lo constituyen los obstáculos político-institucionales y culturales, que año con año cambian la casaca para detener la presencia de las mujeres en los órganos de decisión, y en el 2018 reflejaron tal cinismo que merecen repudio.
Las mujeres en el 2018 superaron la manipulación de sus propios partidos para registrarse en los procesos electorales que se celebrarán en 2018, ahora falta maniobrar para evitar que se les excluya y hasta les quiten hasta la vida.
