Ciudad de México 11 de septiembre de 2018.- La Cámara de Diputados exhortó a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas estatales, a suspender de manera “inmediata e indefinida” los procesos de evaluación para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.
Al presentar el exhorto, el diputado Iran Santiago Manuel (Morena), señaló que derivado de la Reforma Educativa “los profesores están siendo víctimas de un permanente acoso laboral al interior de las escuelas: una supervisión excesiva, aumento de carga de trabajo meramente administrativo, como la elaboración de portafolios de evidencias, planificación didáctica argumentada, elaboración de exámenes de recuperación, entre otros puntos”.
Enfatizó que desde junio pasado miles de maestros han sido notificados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente que serán evaluados en su desempeño, con la conocida amenaza que conlleva el no presentarse a dicho proceso, con el estrés y preocupación que genera el perder la estabilidad laboral, al someterse a una evaluación estandarizada que desconoce la realidad que se vive al día en el aula.
Aseguró que hay una “privatización silenciosa” del sistema educativo, pues a través de los comités de participación social, las madres y padres de familia asumen los costos económicos de aspectos tales como el mantenimiento de los planteles.
Aunado a ello, agregó, “el linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal y la libertad de expresión del magisterio se ha pretendido coartar”, pues, enfatizó, quienes se oponen a las medidas punitivas de la mal llamada reforma educativa, “en el mejor de los casos, han sido separados de sus empleos, y en el peor han sido levantados y desaparecidos”.
Dijo que la aplicación sesgada de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), por parte de las autoridades educativas federales y estatales, ha dado lugar al cese de docentes de la escuela pública, en diferentes estados del país. Sin embargo, no se cuenta con un censo actualizado sobre los afectados, ni se tienen datos precisos acerca de la cantidad de trabajadores de la educación que fueron retirados, unilateralmente, de su trabajo, aunque se estima más de 500 profesores.
