El fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortíz, giró una orden de aprehensión contra la esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías Tibilla, por el desvío de más de 112 millones de pesos durante su gestión en el DIF.
La acusación es por el supuesto desvío en la compra de medicinas a por lo menos seis empresas fantasma y pidió la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR) para extraditarla, pues desde el 2017 se encuentra fuera del país radicada en Londres, Inglaterra.
Jorge Winckler Ortíz anunció que obtuvo de un juez de control del fuero común, orden de aprehensión el 25 de mayo en contra de Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.
La acusación se sustenta en la carpeta de investigación FGE/FIM/045/2017 y cinco más acumuladas, por el supuesto desvío en la compra de medicinas a por lo menos seis empresas fantasma.
Además la Fiscalía solicitará la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR) para la publicación de Ficha Roja, para los efectos de la búsqueda, localización y detención para extraditarla, pues desde el 2017 se encuentra fuera del país radicada en Londres, Inglaterra.
Winckler Ortiz recordó que son muchas las denuncias en contra de ex servidores públicos de la pasada administración, dentro de las investigaciones abiertas están las presentadas en contra de daños al patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.
“Se logró comprobar que se realizaron contratos de compra-venta con empresas fachada o fantasma. Para la supuesta adquisición de equipo médico, multivitamínicos, sistema de purificación de agua, sistema de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrodomésticos, paquetes escolar y otros, sin que exista dato o documento alguno de que éstos se hayan entregado a la población vulnerable”, declaró.
Precisó este no es el daño total alcanzado, mismo que podrá determinarse en la etapa procesal, ya que la investigación continúa sobre múltiples contratos otorgados y recursos ejercidos dentro de dicha dependencia, con la misma mecánica.
Winckler Ortiz en el marco del proceso electoral ha reactivado el tema de la corrupción cometida por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y su esposa, por lo que afirma llevará a cabo todos los actos jurídicos necesarios para recuperar el dinero público desviado destinado a fines distintos a los que debió utilizarse.
“Cualquier particular, servidor público y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que, en caso de contar con datos, noticias, evidencias o cualquier otro indicio que permita el esclarecimiento de este o cualquier otro hecho y que nos lleve a la detención de la persona citada, los entregue a la Fiscalía para que por la vía jurídica se integren a la solicitud que se presentará a la PGR, para la detención y extradición”, indicó.
El fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortíz, giró una orden de aprehensión contra la esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías Tibilla, por el desvío de más de 112 millones de pesos durante su gestión en el DIF.
La acusación es por el supuesto desvío en la compra de medicinas a por lo menos seis empresas fantasma y pidió la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR) para extraditarla, pues desde el 2017 se encuentra fuera del país radicada en Londres, Inglaterra.
Los Contratos del DIF
Animal Político presentó el 24 de mayo del 2016 una amplia investigación en la que se logró documentar los primeros 645 millones de pesos otorgados a 21 empresas fantasma.
Por esa investigación el equipo de investigación de Animal Político recibió el Premio Nacional de Periodismo y en ella se presentaron los contratos entre otras, del sistema DIF cuyo principal gestor fue Tarek Abdalá Saad, el hombre de quien se dice es el arquitecto de esos desvíos y que hoy es testigo protegido de la PGR en esta investigación.
Entre las empresas detectadas hace cuatro años ya que desviaron recursos en el DIF se encuentran Abastecedora Romcru, con un contrato de 4 millones 114 mil pesos por electrodomésticos y Pefraco, a la que le dieron un contrato de 6 millones 31 mil pesos por mochilas escolares, y que también recibió una adjudicación de la Secretaría de Educación local.
En ese tiempo no hubo competencia abierta: todo se entregó mediante licitaciones simplificadas a compañías invitadas directamente por la dependencia.
Animal Político hizo dos solicitudes de información sobre esos contratos. En ambas ocasiones no se proporcionó la información. Sólo se envió un link a una página web de la dependencia, donde aparecen los documentos de la licitación y una síntesis del contrato, pero no el documento íntegro.
La investigación también ganadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuters también incluyó a las firmas AD911 SA DE CV, Alifresh SA DE CV
Carrirey SA DE CV, Centro de Recursos de Negocios ERENE SA DE CV, Comersil SA DE CV, Grupo Balcano SA DE CV, Grupo Diarch SA DE CV, Bienart SA DE CV, Matrusca SA DE CV, Bloques 2DM SA DE CV, Diseños Tevet SA DE CV y Trajan construcciones SA DE CV, quienes también fueron consideradas por el DIF entre 2010 y 2013.
