**La principal señalada es la ex Administradora Joana Marlen Bautista Flores, quien ejerció de 2020 a 2023.
**No fue posible solventar las observaciones por 82 millones de la cuenta pública 2021.
**Y de la cuenta pública 2022 también hay observaciones por más de 20 millones de pesos.
**La Auditoría Superior de la Federación y el propio Poder Judicial procederán penalmente.
Xalapa, Ver. 07 marzo 2024.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reveló que la Auditoría Superior de la Federación, detectó un posible daño patrimonial en la cuenta pública 2021 de más de 80 millones de pesos.
Lo anterior, de acuerdo a las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En entrevista, refirió que en cuanto fueron notificados de la falta de solventación de los recursos durante la gestión de la magistrada Isabel Romero Cruz, enviaron los documentos, sin embargo, les respondieron que no era suficiente.
“Fuimos notificados, se le fue haciendo todo el seguimiento, enviamos la documentación para solventar, y la ASF determinó que esa documentación no era suficiente”, planteó la magistrada.
Por ello, definió que corresponderá a la Auditoría presentar las denuncias penales correspondientes.
Cabe recordar, que en el mes de febrero de este 2024 se dio a conocer la tercera entrega del Informe de Seguimiento de las Observaciones de la ASF, donde se hicieron observaciones al Poder Judicial por pagar de más a trabajadores.
Sino ellos mismos al determinar un detrimento patrimonial, ellos son los que proceden ante la Fiscalía General de la República y, seguramente vamos a tomar nuestras medidas ante la Contraloría Interna por el tema administrativo”, definió.
“Es un tema que le toca a la Auditoría Superior de la Federación, no soy yo propiamente quien inicia los temas penales.
Aclaró que el Poder Judicial sí presentará también denuncias penales por el presunto mal uso de recursos públicos federales.
“Una vez que ellos detectan la irregularidad la pasan al área de responsabilidad patrimonial para iniciar un procedimiento sancionador, de ahí lo pasan al jurídico, que son los que interponen denuncias. Lo que hace la ASF en materia patrimonial, nosotros también ponemos nuestra propia denuncia”.
“Ellos ya nos están diciendo que hay un problema, no se solventó, ya no solventará y ahora se tendrá que iniciar con el proceso legal”, dijo.
Por lo anterior, se iniciarán los procesos legales a fin de aclarar la situación y sancionar a los responsables.
También en el año 2022 el Poder Judicial y Joana Bautista tienen observaciones por 20 millones de pesos.
Como parte del pliego de observaciones que se entregó al Poder Ejecutivo en la revisión de la Cuenta Pública del 2022, el Poder Judicial fue requerido para explicar por qué algunos trabajadores ganaron más de lo que establece el tabulador, el proceso de adjudicación de algunos contratos, especialmente de las ciudades judiciales.
La ASF auditó el capítulo de Servicios Personales. La Sefiplan remitió más de mil 96 millones para el pago de la nómina, pero, al revisar el pago a 3 mil 906 trabajadores, se identificaron 56 pagos a 53 trabajadores en los que los conceptos de compensación temporal y compactable y bono único extraordinario era superior en 153 mil 852 pesos.
Además, se realizaron 31 movimientos de pago a 12 trabajadores por un importe de 568 mil 435 pesos, después de que causaron baja definitiva; otros siete pagos, entregados a seis trabajadores por 105 mil 392 pesos se transfirieron indebidamente a personas que estaban de licencia sin goce de sueldo.
En la revisión del proceso de contratación de obra, servicio o insumos, se detectó que el Poder Judicial del Estado realizó el 14.6 por ciento del total de procedimientos de adjudicación reportados, mediante procedimiento de invitación restringida; y el 85.4 por ciento por adjudicación directa.
Asimismo se observó como daño patrimonial la asignación de 13 contratos que fueron adjudicados de manera directa por un monto que supera los 15 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2022.
Entre los datos que la ASF observó al Poder Judicial fueron las estimaciones de las ciudades judiciales de Las Choapas, Tuxpan y Pueblo Viejo se pagaron 3 millones de pesos de más.
