La LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz no solo ha marcado la historia al ser la primera en la que la mayoría está integrada por mujeres, sino también por contar con diputadas que conocen a fondo las necesidades de la población y están dispuestas a abrir las brechas necesarias para que las futuras generaciones puedan vivir libres de violencia.
Las diputadas Astrid Sánchez, Carola Viveros y Naomi Gómez Santos han encabezado diversas iniciativas, mesas de análisis y reuniones con representantes de la comunidad LGBTQ+, colectivos feministas y víctimas.
En este sentido, las diputadas Astrid Sánchez, Carola Viveros; han presentado en tribuna la iniciativa para brindar certeza jurídica a los grupos LGBT+, en particular a la comunidad trans, en materia de reconocimiento de la identidad de género autopercibida.
Además, propusieron la tipificación de la Ley Vicaria, que se refiere a la violencia ejercida contra la mujer o persona gestante por parte de su pareja (ya sea por matrimonio, concubinato o afinidad). Esta violencia se da, generalmente, después de una separación o divorcio, con la finalidad de lograr dominación, sometimiento o dolor, utilizando a los hijos o hijas (y, en su caso, a familiares o seres con apego afectivo) para causar daño.
Por su parte, la legisladora Naomi Gómez Santos presentó una iniciativa para el reconocimiento de la violencia simbólica y su inclusión en el artículo 7° de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se entiende por violencia simbólica “aquella que, mediante patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad y reproduciendo las relaciones de dominio-sumisión. Se trata de una violencia indirecta no física”.
Asimismo, la diputada Santos propuso ante el pleno la necesidad de acatar el mandamiento legal para armonizar la legislación interna veracruzana en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto incluye adoptar las medidas normativas correspondientes al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, proponiendo la figura de deudor alimentario para quienes incumplan con el pago de la pensión durante más de 60 días.
