ORFIS detecta a Juan Manuel Diez Francos daño patrimonial en Cuenta Pública 2022
**Y así quiere ser gobernador el candidato de Yunes Linares y Marlon Ramírez.
Por J. T.
Córdoba, Ver. 03 octubre 2023.- Juan Manuel Diez Francos, quien se ostenta con el título de alcalde recto en Córdoba, parece haber olvidado por completo el significado de la palabra rectitud, pues en el reciente informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), se ha detectado un presunto daño patrimonial por 14 millones 050 mil 017.65 pesos en proyectos de obra pública y en las finanzas presupuestales del municipio.
Este hallazgo, que arroja una sombra de duda sobre la supuesta rectitud y honradez que Juan Manuel Diez ha prometido a los ciudadanos de Orizaba, pone de manifiesto la realidad oculta detrás del discurso político.
Mientras se presenta como un líder ejemplar, el Orfis ha revelado una verdad incómoda: que el mismo individuo que busca la gubernatura de Veracruz no es más que un alcalde envuelto en escándalos de corrupción.
De acuerdo al Informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, se realizaron 19 observaciones por presunto daño patrimonial financiero presupuestal técnico a la obra pública.
Diez Francos demuestra un desprecio flagrante por la responsabilidad pública y una total falta de transparencia en la gestión de los recursos municipales.
Es inquietante que este presunto daño patrimonial haya sido descubierto en proyectos de obra pública, un área crucial para el desarrollo y bienestar de la comunidad.
En lugar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, estos fondos desviados podrían haber sido utilizados para infraestructuras vitales, educación o servicios de salud.
Juan Manuel Diez, lejos de asumir la responsabilidad por estas acusaciones, parece tener la intención de eludir las consecuencias de sus acciones y, de manera desvergonzada, anda buscando postularse para el cargo de gobernador de Veracruz.
Este intento de acceder a un puesto de tal envergadura, a pesar de las pruebas de su presunta implicación en daños patrimoniales, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y a la integridad del sistema político.