Columna Vuelta Prohibida
Por Néstor Ojeda
Uno más de los peligrosos retrocesos que vive nuestra democracia es que sea la Suprema Corte de Justicia la institución perpetradora del atentado a la transparencia que vive hoy México y sea haga cómplice de la opacidad que promueve el gobierno de la 4T en la rendición de cuentas a las que están obligadas las instituciones y funcionarios públicos.
Apenas hace cinco días el pleno de la Corte votó a favor (8 ministros a favor y 3 en contra) de mantener reservada por cuatro años, hasta 2025, la información sobre los contratos y pagos de las vacunas contra el virus COVID-19 del gobierno mexicano con Pfzier, AztraZeneca y Cansino bajo el argumento de seguridad nacional y por la violación de cláusulas de confidencialidad impuestas por los laboratorios.
Fue la propia Consejería Jurídica de la Presidencia de la República la que impugnó el fallo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que se transparentaran los contratos de compra de vacunas durante la pandemia y operó para que fuera aprobado el proyecto elaborado por el ministro Mario Pardo Rebolledo en la que se declara inválida la resolución del INAI que reducía a dos la reserva de cinco años originalmente impuesta por la Secretaría de Salud en 2020.
Todo esto tiene origen otra impugnación del gobierno federal contra otra decisión del INAI que fue apoyada por la Corte el pasado 12 de mayo que dejó sin efecto la orden para que la Fiscalía General de la República hiciera público el nombre y cargo de funcionarios y personal de las subprocuradurías y fiscalías a cargo de delitos como tortura, desapariciones, narcotráfico, secuestro y operaciones con recursos de procedencia ilícita, información que la FGR reservó por cinco años.
Pero esto no es nuevo, ocurrió durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México se reservó por 10 años la información sobre la construcción del primer tramo de los segundos pisos del Periférico, que finalmente sólo duró siete meses y luego fue abierta.
Y hoy con Morena y la 4T en el poder, este gobierno ha clasificado como reservada o confidencial, junto con los contratos de vacunas, los datos estadísticos y actas de defunción de muertes por COVID-19, la documentación sobre el aeropuerto Felipe Angeles, lo relativo al Tren Maya, la “venta” del avión presidencial, los registros de la cancelación del operativo contra Ovidio Guzmán y la posterios liberación de este hijo del Chapo por orden de AMLO.
También fue reservada toda la información de los casos Ayotzinapa y Odebrecht, los gastos para el acto del informe de AMLO en 2019, el número de agentes de la DEA que opera en México y el plan de combate al huachicoleo… más los casos que se vayan acumulando.
Así, los ministros de la Suprema Corte, ahora bajo el argumento de seguridad personal o nacional, está dejando sin efecto los veredictos del INAI, criterio que, como señalan muchas organizaciones civiles, en esencia vulnera el principio que establece que las resoluciones del INAI son legalmente inatacables lo que tiene como consecuencia el debilitamiento de las facultades y autoridad del instituto de transparencia y pone en duda y riesgo el derecho de los ciudadanos al acceso a la información.
Así las cosas se cierne sobre México un ominoso manto de opacidad en el ejercicio del poder público con este atentado a la a la transparencia, que en lo único que puede desembocar es en la impunidad ante posibles actos de corrupción de los funcionarios de la Cuarta Transformación.
Otro mal augurio para el futuro de las instituciones y nuestra democracia.
