Hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador invadió o no la división de poderes al publicar un acuerdo por el que dispuso de las Fuerzas Armadas (FFAA) para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta el 2024.
Se trata de una controversia constitucional (90/2020) promovida por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la exdiputada Laura Rojas, que consideró que es el Congreso de la Unión quien debe decidir cómo y bajo qué criterios las FFAA pueden participar en este tipo de tareas.
El proyecto, que está a cargo de la ministra Margarita Ríos Farjat, propone desechar dicho recurso debido a que considera que el ejecutivo no invadió facultades del Congreso de la Unión. Sin embargo, al tratarse de un asunto de trascendencia, un ministro podría pedir que se lleve al Pleno, lo que pospondría su discusión hasta el 2022.
El 11 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un acuerdo por el que ordenó a la Fuerza Armada participar de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional” en tareas de seguridad pública, poniendo como fecha límite para su retiro de las calles hasta el 26 de marzo de 2024.
El colectivo Seguridad Sin Guerra emitió un comunicado en el calificó a este documento como un “Acuerdo Militarista” debido a que evidencia el “uso desmedido, opaco y sin control que este gobierno ha hecho de las fuerzas armadas, particularmente, en funciones relacionadas con la seguridad pública”.
En entrevista con El Sol de México, Cristina Reyes, abogada de la organización México Unido Contra la Delincuencia, que forma parte del colectivo, explica que “de aprobarse (el proyecto) crearía un precedente peligroso”, pues el sentido de la votación podría tener un impacto en las decisiones futuras de la Corte y otras autoridades.
“Más allá de su contenido, la discusión es si el Ejecutivo tiene esa facultad de decidir cómo y bajo qué condiciones las FFAA pueden participar en este tipo de tareas”, dice.
Por su parte Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, considera que un eventual fallo a favor del presidente podría ir en contra de criterios que ya ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que usar al ejército en tareas de seguridad pública debe ser una excepción y no una regla.
“Yo esperaría que realmente la Corte pudiera estar anteponiendo el interés nacional, pero sobre todo salvaguardando la integridad de la Constitución, porque la Corte… ya lo había dicho la semana pasada la ministra Piña cuando conoció el tema de la extensión de mandato… dijo que no estaban para complacer a los poderes, y pues entonces que siga en ese sentido. Que no haya complacencia de la Corte con este propósito”.
