Bernardo Gutiérrez Parra
El pasado miércoles por la noche se filtró la noticia de que cuatro ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte habían sido vinculados a proceso, y un juez les ordenó pagar 2 mil millones de pesos por presunta malversación de fondos públicos. La filtración se destacó en los portales de noticias locales pero como que no prendió.
Los ex secretarios de Finanzas Tomás Ruiz González y Fernando Charleston Hernández; el ex subsecretario de esa dependencia Gabriel Deantes Ramos y José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación Financiera, fueron emplazados a pagar esa cantidad so pena de pasar hasta 18 años en prisión.
Al día siguiente, 28 de octubre, el diario Reforma dio a conocer la noticia en su portada y entonces sí se armó el arguende.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, procesó a los cuatro ex funcionarios por el delito de peculado y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, pero no les impuso medidas cautelares.
Según Reforma, esta imputación tiene su origen en una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación y en los testimonios de Tarek Abdalá, ex tesorero de Duarte y hoy testigo colaborador de la Fiscalía General de la República.
Tarek es todo un caso; a pesar de que está acusado del desvío de 57 mil millones de pesos, tiene 11 averiguaciones previas, 32 carpetas de investigación y una orden de aprehensión, consiguió inmunidad penal en octubre del 2018 al negociar un criterio de oportunidad con la FGR para colaborar en juicios contra otros imputados.
Acá en la aldea no faltaron los analistas que observaron en la acción del juez, el ábrete sésamo para que quienes desviaron recursos al amparo de la impunidad los devuelvan al erario veracruzano. Pero eso está por verse.
Ruiz González negó las imputaciones y aseguró que fue involucrado por Tarek ya que la ASF no lo acusa de nada. “Fue a partir del dicho de una persona que buscó beneficiarse con un ‘criterio de oportunidad’ y no enfrentar a la justicia, que me vi indebidamente involucrado en esta situación”, dijo en misiva al Reforma.
Agregó que desde el 2018 presentó dos denuncias para que se investigue a Tarek por falsear declaraciones ya que hasta la fecha no ha aportado pruebas que sustenten sus acusaciones.
Quienes piensen que los cuatro ex funcionarios pagarán de a 500 millones por cabeza se equivocan. De los 2 mil millones de pesos del peculado Fernando Charleston sólo pagará 100 mil pesotes. Y es que de acuerdo con sus abogados el grueso del atraco se cometió el 18 de diciembre del 2012, cuando la Sefiplan transfirió 1, 999 millones 900 mil pesos a una cuenta bancaria del gobierno estatal y en ese tiempo no era titular de Finanzas.
Su responsabilidad es con los 100 mil pesos restantes que se depositaron en el lapso en que fue titular de esa secretaría (2013 a 2014) y que de seguro ya finiquitó muerto de la risa.
¿Qué va a pasar con este arguende? Tomás Ruiz dice que no tuvo nada que ver y Fernando Charleston prácticamente está libre de pecado. Los que están en una tablita son Gabriel Deantes y José Francisco Díaz Valenzuela que se van a defender.
Salvo tu mejor opinión, lector, este jaleo sólo generó ruido y es puro cuento. El único en riesgo de ir a prisión es Tarek Abdalá que a pesar de su colaboración con la FGR, no ha aportado pruebas sólidas contra otros imputados y se perfila para ser acusado, él solito, como el autor de un desvío asquerosamente multimillonario.
Pero por otra parte hay que ser realistas y dejar de soñar; no aparecerán y nadie pagará los 2 mil millones de pesos que le imputan a los cuatro ex funcionarios duartistas, lo mismo sucederá con los 57 mil millones de que acusan a Tarek, con los 44 mil millones que dicen que se birló Duarte, con los millones que se llevó Yunes Linares o con los que se están llevando los honestos mártires de la 4T.
Por mucha alharaca que armen las autoridades, todo el dineral robado irremediablemente ya se fue al fondo perdido del erario estatal.
bernardogup@hotmail.com
