Bernardo Gutiérrez Parra
¿Qué le sabrán los Yunes de El Estero al gobierno de la 4T que nomás no los puede torcer a pesar de las denuncias en su contra? Un ejemplo es la orden de presentación girada a Miguel Ángel Yunes Márquez para que responda por los señalamientos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsificación de títulos contra la fe pública, que el junior ha ignorado en un par de ocasiones.
Hay una acusación por un multimillonario desvío de recursos que por su gravedad tendría sin dormir al político más encumbrado, pero eso no va con los Yunes azules.
La imputación la hace el Órgano de Fiscalización Superior contra el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (2017-2018) y es sobre un presunto desvío de recursos por 4 mil 881 millones de pesos. La información fue la nota principal este lunes del diario La Jornada Veracruz. El diario agrega que por este hecho el Orfis ha presentado veinte denuncias penales contra la administración yunista.
De acuerdo con la dependencia, durante su primer año el gobierno de Yunes habría malversado 3 mil 775 millones de pesos y el segundo año el timo superó los 1,105 millones.
Reitero lector, no son una ni siete ni diez, son veinte las denuncias, ¡veinte denuncias!, y el señor ex gobernador como la fresca mañana.
Más ve uno cosas como ésta y menos comprende cómo se maneja la justicia en este país.
Si a 31 investigadores del Conacyt la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero les quiere empujar 82 años y 5 meses de prisión en Almoloya porque presuntamente se birlaron 200 millones de pesos, ¿por qué ni la FGR ni la Fiscalía General del Estado han actuado contra un sujeto acusado de haber estafado más de veinte veces esa cantidad?
La administración de Yunes Linares tiene 15 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estatal y cinco más ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la República.
Son denuncias debidamente documentadas y sustentadas que de acuerdo con La Jornada Veracruz fueron presentadas desde el 22 de marzo del 2019 al 21 de enero del 2021. Las dependencias involucradas son principalmente la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y la SEV.
El Orfis también interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la administración de Fernando Yunes Márquez, alcalde de Veracruz e hijo de Miguel Ángel por un presunto daño patrimonial superior a los 10 millones de pesos.
En el caso de Fernando la Fiscalía puede alegar que aún es munícipe en funciones y por eso no puede proceder en su contra. Pero qué con Miguel Ángel, ¿qué pretexto pueden argüir las dos fiscalías cuando el señor tiene tres años que dejó de ser funcionario público?
Ya son tres años los que Cuitláhuac García lleva haciendo rounds de sombra con Miguel Ángel y no se ha atrevido a más.
Son tantas las fintas, escarceos y uno que otro calambre mediático, que el gobierno estatal y la fiscalía de Verónica Hernández Giadáns están cayendo en la sospecha, pues todo parece indicar que no tocarán al ex gobernador. ¿Será que algo le deben a Miguel Ángel? ¿Será que éste tiene información comprometedora sobre Cuitláhuac o Andrés Manuel?
Ve tu a saber lector.
Pero algo apesta con la justicia federal y estatal, cuando un sujeto acusado por un ente especializado de escamotear casi 5 mil millones de pesos que son una increíble fortuna, ni siquiera ha sido llamado a declarar.
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