Bernardo Gutiérrez Parra
En marzo del año anterior cuando la epidemia del coronavirus se convirtió en pandemia, el gobierno anunció medidas para proteger la economía, la salud, la seguridad y el empleo de todos sus ciudadanos. Estas medidas proporcionaron hasta 18 mil millones de dólares en apoyo directo a trabajadores y empresas del país.
A esa cantidad se sumaron 38 mil millones de dólares para satisfacer las necesidades de liquidez de las empresas y hogares a través del aplazamiento de impuestos para ayudar a estabilizar la economía.
Esos 56 mil millones de dólares representaron más del 3% del PIB y ayudaron a garantizar que los ciudadanos pudieran pagar el alquiler de sus viviendas y la compra de sus comestibles. Además, ayudaron a las empresas a seguir pagando a sus empleados… en Canadá.
Acá las cosas se cocinaron de otra manera.
Por órdenes de López Obrador ninguna gran empresa recibió apoyos, pero se les exigió no correr a sus empleados y seguirles pagando con la amenaza de que si no lo hacían el SAT las perseguiría por evasoras. Cuando le preguntaron si no temía que las empresas no fueran a aguantar, contestó con displicencia: “Que quiebren las que tengan que quebrar”.
Pero casi ninguna quebró. Las que comenzaron a tronar como ejotes fueron las pequeñas y medianas empresas que son generadoras del 73% del empleo y el 52% del PIB en este país. Pero el presidente se hacía el remolón con los apoyos porque para él esos pequeños emprendedores son al final de cuentas empresarios. Y a los empresarios nomás no los puede ver.
Imagino que hasta que su secretario de Hacienda le explicó lo que es son las Pymes fue que accedió a soltarles unos pesos, pero en calidad de préstamo y con un pequeño interés.
Para Veracruz envió 100 millones de pesos que se repartieron entre 10 mil pequeñas y medianas empresas, es decir, les tocaron de a 10 mil pesos a cada una. Cada dueño firmó documentos donde se comprometió a pagar 600 pesos al mes. Pero el 48 por ciento no ha podido abonar.
¿Quiénes son estos deudores? La señora que tenía (porque ya no tiene) una fondita, la dueña de una estética, los dueños de una papelería, una dulcería, una panadería, una pequeña carnicería, que cuando recibieron el dinero lo ocuparon en pagar el recibo de la luz, la renta de su local y con lo que les quedó compraron una despensa.
Como ya no recibieron más apoyos y sus negocios siguieron cerrados, simplemente quebraron. Y ahora deben 10 mil pesos pero carecen de medios para obtener ingresos.
El secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón García (que con honestidad te digo lector, ignoro qué tiene que ver con estos préstamos, pero en la 4T se ven cosas inverosímiles), advirtió que buscarán a los deudores pues el objetivo es recuperar el dinero y destinarlo a nuevos créditos.
“Los están buscando para cobrarles, todo el mundo tiene que pagar” dijo el funcionario que casi de inmediato matizó: “Pero si en ese momento no pueden pagar porque desapareció su empresa, se tendrá que reconsiderar ir a un órgano de Gobierno en donde se establezcan las reglas de operación; todo tiene que ser normado y reglamentado”.
Nachón García reconoció que el proceso de recuperación del dinero “va muy lento” y como buen agiotista sentenció: “pero se tiene que efectuar”.
¿Se les hace muy gravoso obsequiar esos 10 mil pesos a personas que con su esfuerzo formaron una pequeña empresa que dio empleo a dos, cinco o diez trabajadores y por causas ajenas a ellos tuvieron que cerrar? Sí, se les hace muy gravoso.
¿Van a condenarlos a pagar un dinero que no tienen? Sí, ya dijo Nachón que los andan buscando.
¿No sería más positivo para la economía del país que los ayuden a levantar sus fuentes de empleo que les permitirán saldar poco a poco su adeudo? No les piensan volver a prestar ni un clavo.
Miserables.
La diferencia entre un estadista y un líder populachero es que en Canadá, Justin Trudeau vio por las próximas generaciones. Y en México López Obrador vio para las elecciones del 6 de junio anterior y una vez que pasaron está cobrando sus poquiteros favores.
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