Bernardo Gutiérrez Parra
El 18 de mayo del año anterior, el Presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera: “Se lucha todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad sin violar derechos humanos; ya no hay masacres…” Y el 1 de septiembre en su segundo Informe de Gobierno repitió la mentira al manifestar que ya no había desapariciones ni masacres.

Ese mismo día Amnistía Internacional le contestó con un mensaje fuerte donde rechaza sus aseveraciones y le dice: “El primer paso para eliminar las violaciones a los derechos humanos es reconocerlas y dar cuenta de ellas”.

A renglón seguido le manifiesta que del 1 de diciembre del 2019 al 31 de agosto del 2020, se registraron en el país 11 mil 653 personas desaparecidas.

Y en cuanto a las masacres, sólo en los dos primeros meses de este año se contabilizaron 83 de las que 51 se registraron en enero y 32 en febrero, según la Organización Causa en Común.

En lo personal no sé de ningún país en guerra que tenga registradas tantas masacres en 60 días.

Causa en Común informó además que en esos dos meses fueron asesinados 72 menores entre niñas, niños y adolescente, 51 mujeres fueron ultimadas con crueldad extrema y hubo 14 actores políticos acribillados.

Como dato adicional, marzo ha sido el mes más violento de este 2021 con 2 mil 444 homicidios dolosos que dieron un promedio de 78.8 asesinatos por día.

Quizá lector te estés preguntando por qué doy a conocer esta información cuando lo de hoy son las campañas electorales. Pues por eso, porque el Presidente ha dejado la seguridad al garete y las estadísticas están demostrando que entre los más propensos a un atentado figuran los candidatos.

Sin duda para taparle el ojo al macho y hacer como que hace, Andrés Manuel prometió en marzo un plan para protegerlos; “para que no los amenacen, no los agredan, no los intimiden, para que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses”, dijo.

Pero ese plan jamás funcionará si no se inhiben la inseguridad y la violencia. Mientras esto no suceda, ambas seguirán golpeando a una sociedad golpeada en exceso porque el tabasqueño no pudo (que es grave) o no quiso (que es más grave), luchar contra ellas.

Quizá alguien diga que aún le queda cuerda a su administración para sacarse la espina. Y en efecto, cuerda sí, ganas de combatir esas pesadillas, ninguna.

Un caso relevante es Veracruz donde se han registrado 22 asesinatos contra políticos desde que comenzó la administración de Cuitláhuac García. En ese sentido y para no variar, nuestra entidad lidera la lista de atentados contra miembros de la clase política junto con el estado de Guerrero.

El último ataque (que ojalá Dios quiera y en efecto sea el último) ocurrió la madrugada de este martes cuando fue rafagueada la casa del alcalde de Chinameca, Antonio Carmona Trolle cuya esposa, Amairani Patraca García, está contendiendo para sucederlo en el cargo.

Carmona Trolle dijo que así como pudo tratarse de un “ataque político” bien pudo ser obra del crimen organizado que lo ha querido extorsionar. Y no le falta razón, porque tanto los políticos en funciones como los candidatos están a dos fuegos; por un lado los amenazan los delincuentes y por otro los emisarios del gobierno.

Veracruz es un estado clave para todos los partidos políticos, pero también una entidad de elevado riesgo para los candidatos. Por esta razón las autoridades estatales deben tener presente que su obligación CONSTITUCIONAL es protegerlos a todos y todas sin distinción de colores. (Sí sí, ya sé que estoy hablando en el desierto pero en una de esas me oyen).

No debemos olvidar que de lo que se trata la noche del próximo 6 de junio es que los veracruzanos pregunten quiénes ganaron la elección y no cuántos candidatos sobrevivieron a ella.
La desesperación de Román Bastida

Si en Estados Unidos, Canadá y Europa las encuestas son serias y confiables, en este México nuestro son al gusto del cliente que para eso las paga. Alguna vez vi una sobre los candidatos a la presidencia de la República, en la que un gobernador veracruzano de ingrata memoria y que no tenía la mínima posibilidad de alcanzar tan alto cargo, barrió a todos sus contrincantes.

Esta práctica se ha extendido tanto que ha generado confusión entre la ciudadanía, por lo que se estableció en las leyes electorales que el recurso de las encuestas debería ser regulado por los órganos responsables de los comicios.

El artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General “emitirá las reglas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales federales y locales”. Y que los Organismos Públicos Locales realizarán las funciones en esa materia de conformidad con las citadas reglas, lineamientos y criterios.

También se advierte que las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión “deberán presentar un informe sobre los recursos aplicados en su realización en los términos que disponga la autoridad electoral correspondiente”.

En pocas palabras, no se trata de contratar a cualquier empresa y acordar una encuesta “a modo” en la que un aspirante a un cargo de elección popular aparezca con las más altas preferencias.

En el proceso interno para definir al candidato a la Diputación local por el Distrito VIII con cabecera en Misantla, la alianza “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, PT y el Partido Verde, optó por realizar una encuesta abierta, para conocer la opinión de los potenciales electores en los 18 municipios que integran ese Distrito.

Los aspirantes recibieron la oportunidad de caminar por el distrito, dialogar con los militantes, presentarles sus propuestas y esperar el resultado de dicha encuesta.

Pero al alcalde con licencia de Vega de Alatorre, Román Bastida Husca, ya se le cuecen las habas. Desesperado porque nomás no levanta en las preferencias del electorado, publicó en algunos medios una encuesta por demás amañada donde aparece arriba de sus contendientes por un margen bastante amplio.

El sondeo dice que tiene un porcentaje de aceptación de un 40 por ciento, por apenas un 12 por ciento de su rival más cercano.

No existe ni la mínima relación entre las cifras que presume Román Bastida y las que han ido recopilando los partidos que integran la alianza “Juntos Haremos Historia”, a partir de las cuales tomarán su decisión este mismo mes.

Pero allá don Román si piensa que los votantes de su distrito son tontos y le creyeron tan desproporcionada mentira.

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