La Secretaria de la Función Pública (SFP) informó su decisión de inhabilitar para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a Alfredo Castillo, exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en la administración de Enrique Peña Nieto.
A través de un comunicado, la dependencia especificó que “tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades”, derivada de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial de Castillo, se “detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016”.
Por ello la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial “inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador” y determinó que Castillo omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos, lo cual constituye una violación al Artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que obliga a presentar con veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
Al respecto, Irma Erendira Sandoval, titular de la Secretaría, indicó que “la nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”.
Además, resaltó que la SFP tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos en la que se detectaron las “omisiones de la persona sancionada en sus declaraciones presentadas ante esta dependencia”.
“Este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”, indicó.
De acuerdo con la dependencia, este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.
