El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se podrían cancelar los contratos con penales privados, los cuales calificó como “abusivos” y fueron firmados durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando Genaro N era secretario de Seguridad.
El mandatario adelantó que se buscará llegar a un acuerdo con los proveedores para disminuir los recursos que se ocupan por cada persona recluida.
De acuerdo a los datos presentados, por cada persona recluida en cada centro, se pagan 192 mil pesos al mes, o 6 mil 411 pesos por día.
En 2020, el gasto fue de 15 mil 562 millones de pesos por 12 mil 284 personas recluidas en prisiones federales privadas, mientras que por persona al año promedio es de un millón 375 mil 064 pesos.
Sin embargo, apuntó, que en caso de no llegar a un arreglo, se alistaría una denuncia civil para cancelar los contratos.
“Hay denuncia en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación de García Luna, pero he dado instrucciones para que se actúen dos vertientes: que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo porque consideramos que es un abuso por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. Se hablará con cada uno de ellos”.
En conferencia matutina, la secretaria Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, detalló que en los últimos nueve años, el gobierno de México ha pagado 75 mil 661 millones de pesos a las empresas privadas que administran ocho penales del país ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Guanajuato.
Se proyecta que la deuda aumente a 266 mil 300 millones de pesos en los próximos 20 años.
Por otra parte, López Obrador destacó que en 2019 y 2020, se tuvo que pagar para cumplir con el contrato y recordó el caso Odebretch.
“Ya teníamos que actuar porque estamos en falta, resulta que para cumplir con el contrato se pagó en el 19 y en el 20. Es como lo de Odebrecht, que tuvimos que pagar 19, 20 ya se detuvo porque también era un contrato abusivo, contratos leoninos”.
Asimismo comentó que los beneficiarios de estos contratos, “están muy vinculados al poder”.
“Me reservo los nombres a no ser que me lo pida el Inai, pero son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos, y esto es lo que ya no queremos que vuelva a suceder en el país”.
