Bajo el sofisma del combate a la corrupción –se acusa a todos y no se castiga a nadie-, el Presidente de la República decidió cancelar unilateralmente el contrato para suministrar gas natural al complejo petroquímico de Etileno XXI, con lo que prácticamente detiene su operación y abre la posibilidad del cierre definitivo de una industria que actualmente le da empleo a 3 mil obreros e ingresos de cientos de empresas del sur de Veracruz y otros estados del sureste.

Con la complacencia del gobierno estatal, el dogma cuatroteísta ha puesto a Veracruz en una compleja situación de crisis económica y desempleo. Incapaz de resolver la inseguridad y la violencia provocada por la delincuencia organizada en el sur del estado, ahora pretende cancelar la principal fuente de empleo de la región, en lo que parece una acción concertada para convertir al antiguo puerto México en un pueblo fantasma.

Así, el gobierno morenista desaparece los pueblos mágicos que atraen al turismo y, al mismo tiempo, crea pueblos fantasmas que ahuyenta a nuestros potenciales visitantes e inversionistas.

El origen del conflicto por este contrato es la insuficiente producción de gas natural –y de su derivado el etano- en el país, lo que es atribuible a la pérdida de capacidad de Pemex y no a la creciente demanda en el consumo de empresas como Braskem Idesa e Iberdrola, el otro gran proyecto de inversión para Veracruz -consistente en una termoeléctrica en el puerto de Tuxpan- que fue cancelado por el Presidente.

La decisión arbitraria y demagógica del gobierno sólo intenta ocultar la pérdida de soberanía energética, la estrepitosa caída de la producción por parte de Petróleos Mexicanos de todos los derivados de petróleo y gas, y la desastrosa administración de la paraestatal que hoy le impide cumplir con los compromisos adquiridos.

Braskem Idesa a través de su complejo petroquímico, Etileno XXI, logró producir durante 2019 más de 3 millones de toneladas de polietileno, beneficiando a la economía nacional y al desarrollo de la petroquímica de México, contribuyendo a la mejora de la balanza comercial del país.

El contrato de suministro de gas natural entre Braskem Idesa y Pemex, realizado en un marco de legalidad y ampliamente revisado por las autoridades y organismos públicos y privados nacionales e internacionales, permitió la inversión industrial privada más grande en México en los últimos 30 años, por 5.2 mil millones de dólares, financiado por los principales bancos de desarrollo del mundo (Banco Mundial, BID, Bancomext, Nafin, BNDES), así como diversas instituciones financieras con las que Braskem Idesa ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Braskem Idesa fue ganador del contrato de suministro de etano en el año de 2009 después de haber participado en un proceso de subasta internacional competitivo y transparente promovido por gobierno y Pemex donde se invitó a 30 empresas nacionales e internacionales. El ganador se comprometió a implementar la inversión y Pemex a suministrar la materia prima por 20 años. Las condiciones comerciales son aplicadas desde 2015 a todos los consumidores de etano en México sin preferencia a Braskem Idesa.

Si hubo corrupción en el proceso de inversión de la empresa, debe investigarse y sancionarse, sin afanes ideológicos ni vendettas políticas. Si los contratos eran desventajosos para las finanzas públicas deben revisarse al amparo de nuestras leyes y el derecho internacional. Sin embargo, cerrar la planta significa el peor de los escenarios: la pérdida de miles de empleos, la cancelación de la principal inversión de la industria en tres décadas y un mensaje claro para que los inversionistas se vayan a otra parte.

La decisión unilateral del gobierno de López Obrador de cancelar el suministro de gas natural al complejo petroquímico Etileno XXI sólo confirma que el gobierno morenista es incapaz de garantizar el abasto suficiente de energéticos que requiere el país en este momento. Ese era el verdadero propósito de la reforma energética. Insistir en el monopolio de la producción de gas natural y sus derivados es un despropósito que sólo detendrá el desarrollo del país, como ya sucede en Veracruz.

El gobierno de la 4T no produce suficiente gas natural para atender la demanda nacional y tampoco lo podrá hacer en el corto plazo; no permite que inversionistas desarrollen proyectos para cubrir esta demanda, y las empresas que lo necesitan para operar, tampoco tienen la oportunidad de exportarlo si no es con la autorización de las autoridades federales, empecinadas en controlar una economía en crisis. Hoy el cuatroteísmo ni picha, ni cacha, ni deja invertir.

Sería lamentable que la empresa Etileno XXI se sume a la larga lista de empresas y proyectos que han sido dinamitados por el gobierno federal -entre ellas, el nuevo aeropuerto internacional de la Cdmx, la suspensión de las rondas petroleras para el rescate de la industria energética, la cancelación de los proyectos para producir energías limpias, la red troncal de telecomunicaciones, la planta Constellation Brands de Mexicali y hasta el Metrobús de La Laguna- lo que nos convertirá en un país fantasma para la inversión.

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