En lo que va del sexenio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto multas resarcitorias por más de mil 500 millones de pesos, con lo que se han recuperado cerca de 10 mil millones de pesos, indicó Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de dicha dependencia, al participar en el evento #UnidxsContraLaCorrupción en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.
Además, señaló que se ha sancionado a cientos de proveedores y contratistas del gobierno federal, con lo que se han podido detectar más de 10 mil observaciones asociadas a más de 500 mil millones de pesos, lo que ha dado origen a más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas y más de 500 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“En el nuevo gobierno la Función Pública es la razón de ser de la administración pública federal, ya que ésta centra su tarea en toda actividad que tiene como objeto el logro de los fines esenciales del estado y la realización de los intereses colectivos”, dijo luego de acusar que en el anterior régimen predominó el intercambio de favores ilícitos entre funcionarios y contratistas.
En ese sentido, se dijo orgullosa de que el gobierno esté dando resultados que se pueden percibir en los principales indicadores internacionales, como el Índice de Percepción Internacional de la Corrupción en el que México repuntó ocho posiciones, o en el Barómetro Global de la Corrupción donde el país dio un salto de 37 por ciento en la confianza ciudadana.
Por su parte Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que es necesario trabajar en un nuevo diseño institucional para combatir la corrupción.
Para ello, indicó, se requiere más participación ciudadana; generar más controles con menos discrecionalidades para el ejercicio presupuestal de las instituciones; seguir cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, sobre todo con el congelamiento de bienes y servicios; mejorar las dinámicas de identificación y seguimiento de las personas políticamente expuestas y fortalecer el padrón de beneficiarios de casos de corrupción.
“Soy un convencido de que solamente podremos atacar a la delincuencia organizada no solamente a través del ataque a los sicarios o a los líderes criminales. Es necesario atacar a la corrupción política que les da cobijo, atacar la corrupción judicial, ministerial y policial que les genera protección jurídica y evidentemente atacar su base social y sus estructuras financieras”, dijo.
