Bernardo Gutiérrez Parra
El decreto 576 de la Reforma Electoral aprobado por el Congreso local que estipulaba entre otras cosas, aplicar un recorte del 50 por ciento a las prerrogativas de los partidos políticos y validaba el blindaje al gobernador Cuitláhuac García sobre la revocación de su mandato, fue echado abajo por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Nación “en un acto que los honra”, según me dijo un diputado de oposición que estaba feliz por la decisión.
La SCJN determinó que existieron violaciones al procedimiento legislativo “porque genera una afectación substancial al principio de democracia deliberativa”, además de atentar contra los pueblos indígenas “al incidir directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado”. Ante esto, las autoridades están obligadas a realizar “una consulta de forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en la que participaran dichos grupos”, dice la resolución.
En palabras llanas, lo que los magistrados ordenaron al Congreso local fue: tomen en cuenta a los pueblos indígenas, devuélvanle sus prerrogativas a los partidos políticos y que el gobernador Cuitláhuac García se someta a una consulta popular, para que el pueblo de Veracruz decida si se queda en el cargo hasta el 2024 o se va antes a su casa.
Con el pretexto de abaratar costos, uno de los puntos neurálgicos de las reformas al decreto 576, eliminaba a las comisiones electorales municipales, para concentrar el día de la votación, todas las urnas en la comisión distrital.
Por lo anterior, la SCJN determinó “el restablecimiento de la vigencia de las normas anteriores a las reformadas, las cuales no podrán ser reformadas durante el proceso electoral próximo a iniciar, salvo que se trate de modificaciones no fundamentales”.
Con lo anterior, Morena y la 4T en Veracruz recibieron un mazazo directamente proporcional al que quisieron asestar a la sociedad veracruzana.
¿Hay manera de que los legisladores de Morena reviertan la decisión de la SCJN? No. Palo dado ni Dios lo quita, dice el refrán. Y como la Suprema Corte es la última instancia, no tienen para dónde moverse.
Al enterarse del fallo el líder estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, dijo que la decisión de la Suprema Corte reafirma que en ese Poder se mantiene el Estado de Derecho, que le dará a los veracruzanos mayor certeza en las elecciones del 2021.
“A pesar de que nos quisieron debilitar e impedir que acudiéramos a las instancias correspondientes a impugnar estos atropellos, ya que cuando se interpuso el recurso por vía electrónica debido a la pandemia del Covid-19, quisieron hacerlo inválido, no claudicamos e insistimos, pues desde un inicio sabíamos que era una reforma amañada que atenta contra los pueblos indígenas” indicó.
Tras agradecer el trabajo que el PAN y el PRD hicieron al respecto, reconoció la resolución emitida el viernes 20 de noviembre, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se ordena restituir las ministraciones económicas de agosto a diciembre de 2020 a los partidos políticos, “pero nuestro fin principal es, y ha sido, no retroceder en los derechos electorales de los veracruzanos”.
Y a manera de conclusión Marlon Ramírez lanzó la advertencia: “En 194 días nos encontraremos en las urnas y Veracruz hará historia”.
¿Qué sigue ahora? Que el pleno de la Legislatura veracruzana acate las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que dé comienzo, ahora sí en serio, el proceso electoral que en efecto culminará en poco más de 190 días.
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