El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de veracidad, transparencia y manejo de la estrategia para enfrentar la epidemia de Covid-19, lo que provocó que la comisión hiciera público que realizará un informe de país que determinará si la información tiene estándares científicos para evitar un mayor número de contagios.
Durante el anuncio en conferencia de prensa virtual, Fabiola Cantú, directora ejecutiva del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, dijo que una de las evidencias que se presentaron fue la respuesta que dio a El Sol del México el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell en la conferencia de prensa del pasado 8 de mayo en la que “admite que hay un subregistro de personas que fallecen de Covid-19 pero no se les aplica la prueba diagnóstica y no se sabe si fallecieron por Covid, ahí hay una falta de inexactitud en el manejo de información y sobre ello se fundamentó que no hay datos, que son inexactos”.
Juan Carlos Pérez Góngora, directivo de México Justo explicó que también otra evidencia en el manejo impreciso y poco claro ha sido la información de los gobiernos estatales que contradicen con sus datos a lo que se reporta en la conferencia de prensa de López-Gatell.
Pérez Góngora anunció que también se interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los mismos hechos. Dijo que la remoción del subsecretario ante las omisiones de información que se presentan en el manejo de la pandemia es responsabilidad del presidente López Obrador. “No la pedimos (remoción) nosotros, la han pedido muchos gobernadores. No es una situación particular de uno, lo que sí diría es que hay que actuar de inmediato cuando no hay respuesta. Ese es el papel del presidente de la República y remover a los funcionarios que no le den resultados”.
-…y si no lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿incurre en negligencia?
Así es.
“Hay una responsabilidad de brindar información, es obligación constitucional Simplemente ocultarla y no darla es responsabilidad y hay que ver si es responsabilidad del presidente de a República o el que siempre aparece dando información (en la conferencia de prensa) que es el subsecretario de Salud (sic) Hugo López-Gatell”.
-¿El presidente incurre en delito penal o político del que tengan que responder?
En la parte política sí, es responsabilidad del presidente de la República el dar información precisa y exacta, y sí debería ser llamado a cuentas en el congreso, hay una violación clara. Si no hay información clara y precisa la gente se confía, sale a la calle y se contagia.
-¿El manejo de Covid 19 es engañoso por cuestión electoral?
Yo espero que no sea así porque el tema de salud no se puede jugar desde el punto de vista electoral o que se esté utilizando así o quizás minimizando por lo que se vive en Covid. Pero lo que está sucediendo puede mostrar las diferencias en los reportes estatales y saldrá a la luz con las cifras. Yo espero que no se utilice desde el punto de vista electoral y actuemos para disminuir los contagios.
México Justo denunció ante CIDH diversas violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos e inscribió una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en perjuicio de los habitantes del país, a raíz de las medidas adoptadas en el marco de la respuesta a la pandemia generada por el virus COVID-19.
Junto al Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) con sede en Argentina y México Justo acudió a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH a fin de que se exija al Estado garantizar el derecho de acceder a la información sobre la pandemia en poder de las autoridades estatales, luego de que el gobierno federal estableciera que el acceso a la información pública no es una actividad esencial en el contexto de la crisis y suspendiera los plazos para responder a los pedidos de información, vulnerando claros estándares de derechos humanos que el país se ha comprometido a respetar.
Los hechos reportados en la denuncia fueron considerados por la Relatoría como graves violaciones a la libertad de expresión que el Estado debe corregir y serán incorporados en su Informe Anual, en el cual se sistematizan las principales amenazas para asegurar este derecho en la región, así como también los progresos que se han logrado en la materia.
Además, serán considerados en un Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, que se está elaborando en conjunto con la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Libertad de Expresión de Naciones Unidas.
Pérez Góngora, advirtió que “en el marco de respuesta a la pandemia, el gobierno nacional decidió suspender arbitrariamente y sin justificación legal la atención de solicitudes de información pública, restringiendo indebidamente el acceso por parte de la ciudadanía a información sobre la pandemia. Además, ha brindado a la ciudadanía información errónea e inexacta sobre su gravedad y evolución en el país y ha ocultado información pública relevante sobre el manejo de la crisis”.
Indicó que se realizaron varias solicitudes de información sobre el número de defunciones hospitalarias por Covid-19 y otras causas, a diferentes dependencias de gobierno, tanto a nivel estatal y municipal, incluidas aquellas que están cumpliendo funciones esenciales, “pero de muchas no tuvimos siquiera respuesta y en otros casos se nos informó que no podían responder las solicitudes porque la actividad estaba suspendida por no ser esencial”, manifestó el Centro Michoacano de Evaluación otra de las instituciones que trabajó junto a México Justo.
