Morena en el Senado planteó castigar el fraude electoral, conocido como “carrusel’’, con cárcel de cinco a 15 años y multa de mil 500 a 7 mil 500 veces el valor diario de la UMA.
La iniciativa tiene el propósito de fortalecer las penas en materia de fraude electoral, conducta que ha caracterizado históricamente a nuestro país, señaló el Ricardo Monreal Ávila al presentar el documento que adiciona un artículo 20 ter de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Propone la integración de un tipo penal que busca, que las afectaciones a los procesos electorales no queden impunes, y se dé un ejemplo a la sociedad para “persuadir a aquellos que intenten impedir elecciones libres y auténticas”.
El tipo penal que busca adicionar indica que si dos o más personas se reúnen con la finalidad de alterar o manipular los resultados electorales, o bien, para realizar dos o más conductas previstas como delito en la Ley antes mencionada, la pena que se impondrá será de cinco a 15 años de prisión y multa de mil 500 a 7 mil 500 veces el valor diario de la UMA.
Además, la pena de prisión puede aumentar hasta en una mitad, si la autoridad jurisdiccional competente en materia electoral determina que en el proceso electoral o en alguna de sus etapas hubo violaciones graves, dolosas, sistemáticas o determinantes, en detrimento de uno o más de los principios constitucionales.
Esto también aplicará cuando las conductas delictivas cuenten con el consentimiento o la participación de una servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata.
Monreal Ávila detalla que la propuesta se basa en la necesidad de discutir y reformar la legislación aplicable en materia penal electoral para hacer más eficiente la labor de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, además de mejorar la relación con la autoridad y con la actividad jurisdiccional.
Apunta que, aunque existen tipos penales que definen las conductas consideradas como delito electoral, debe garantizarse la correcta aplicación de éstas para que los procesos electorales se desarrollen cumpliendo los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, máxima publicidad, independencia y objetividad.
