Es urgente reconocer la necesidad para prevenir y tratar las adicciones en Veracruz, a fin de solucionar distintas problemáticas sociales aseguró el diputado local Rodrigo García Escalante, tras presentar una iniciativa para la creación del Consejo Estatal contra las Adicciones.
A decir del legislador, resulta alarmante que aunque existen políticas y programas a nivel nacional que tratan el tema de las adicciones, en nuestro Estado no se advierta la necesidad de tener una estrategia clara en el tema, ya que la problemática del aumento de abuso de las sustancias subsiste y sus efectos en la población son cada vez más preocupantes.
Por este motivo, el Gobierno local debe de intervenir en ejercicio del principio de concurrencia que le otorga la Ley General de Salud, y en beneficio de los Veracruzanos, ya que al presentar dicha iniciativa se propone la creación del Consejo Estatal Contra las Adicciones, cuyo objeto será el de promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 156 y 159 de la Ley de Salud del Estado.
“Este Consejo será integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo, un representante del Congreso del Estado y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. Asimismo se establece la atribución para que el Secretario de Salud pueda invitar, cuando lo estime conveniente, a los Presidentes municipales del Estado a asistir a las sesiones del Consejo”.
Por último, Rodrigo García recordó la urgencia para que se cree un órgano de dirección que permita hacer frente con políticas públicas y programas al tema de las adicciones, pues el abuso de sustancias y sus efectos entre la población va en aumento, por lo que resulta necesario fortalecer institucionalmente las acciones en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control de las adicciones, privilegiando ante todo los derechos humanos.
