Este lunes fue sepultado el diputado Juan Carlos Molina Palacios y nuevamente se escuchó ese sonsonete que ya parece cliché: “El crimen no quedará impune”; frase que en lugar de ser esperanzadora, molesta, ofusca y enoja.

Lo que agradecería el pueblo de Veracruz es que las autoridades detengan a los asesinos, los lleven ante un juez y tras el proceso de ley sean condenados a pagar con cárcel su delito, para que entonces sí digan: “El crimen no quedó impune”.

Que repitan como tarabilla que no habrá impunidad suena a burla imperdonable, sobre todo para los familiares del diputado asesinado.

Cuando le preguntaron a Cuitláhuac García si el asesinato empañará su primer informe de gobierno contestó: “No, no se trata de que empañe el Informe, es una situación muy lamentable, pero sería peor si quedara impune, tenemos que dar con los culpables y lo vamos hacer”.

¿Cómo creerle cuando cientos de los crímenes de mujeres, hombres y niños perpetrados en su administración siguen impunes?

Este lunes un portal de noticias dio a conocer el rosario de líderes que han sido ejecutados del 2010 a la fecha y la cantidad es bárbara. Van diez y ocho, es decir, de a uno por año en promedio y en su mayoría eran líderes cañeros. De éstos, quince fueron ejecutados en Veracruz y tres fuera de la entidad, aunque eran veracruzanos.

¿Sabes cuántas de esas ejecuciones se han esclarecido lector? Apenas un par.

Luego entonces, ¿por qué debemos creer que se dará con los asesinos de Juan Carlos Molina?

Ante tan manifiesta inoperatividad de las autoridades ¿no sería mejor callar, ofrecer resultados y luego hablar?

Este año ya se fue y salvo los números de la delincuencia, no hay otra cosa que esté a la alza en Veracruz. Cada día se cierran fuentes de empleo, no hay inversión, tampoco hay circulante, no hay seguridad; la gente vive con miedo en varios municipios que de plano están en manos de la delincuencia, y en otros las autoridades han sido rebasadas por la violencia.

Todo esto ha dado como resultado que la percepción de inseguridad sea de las más altas de la República y que los veracruzanos no vean la luz al final del túnel.

Pero cada vez que es asesinado un estudiante, un periodista, un empresario, un líder campesino o un diputado aparece el cliché: “El crimen no quedará impune”.

Y esto lector, no deja de ser un insulto infame para los veracruzanos que, ante la ineptitud de las autoridades, se están acostumbrando a vivir en el estercolero de la impunidad.

Impulsa Pérez Astorga nueva Ley de Propiedad Industrial

El Senador por Veracruz Ernesto Pérez Astorga presentó este lunes en el Senado de la República, su iniciativa de ley sobre la propiedad industrial, que busca dotar de un marco jurídico adecuado acorde a los nuevos retos del país, y crear las condiciones para dar impulso a la creatividad y promover la innovación que genere una mayor inclusión de la ciudadanía a la economía creativa a través de sus ideas, aprovechando el conocimiento de las comunidades, con el objetivo de generar bienestar a través de este impulso a la economía.

Durante su presentación el Senador Astorga reconoció los logros que se obtuvieron con la actual ley, pero agregó que los avances tecnológicos y los retos globales la han rebasado. Por esta razón, hoy suma esfuerzos con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Económica y el sector empresarial, para impulsar esta iniciativa que cumple con los requerimientos actuales.

Dentro de las prioridades de la nueva Ley de Propiedad Industrial se encuentran, el dar un mayor sentido de orden y coherencia al actual articulado, incorporando mecanismos innovadores para la defensa de la Propiedad Industrial, lo que permitirá al IMPI ser más eficaz en la protección de los derechos, con modelos de utilidad donde la protección pase de 10 a 15 años.

Asimismo, se busca generar la simplificación administrativa que permita un mejor acceso a los derechos de propiedad industrial de forma clara, rápida y transparente; pero además, promueve el uso de tecnologías de la información para hacer uso eficiente y dar mayor certidumbre jurídica al usuario, que facilite el desarrollo económico incluyente, reduciendo la discrecionalidad.

El sector empresarial aplaudió la iniciativa a la que reconoció como un parteaguas para el desarrollo económico. Que así sea.

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