La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace cinco años fue el principio del fin para el gobierno de Enrique Peña Nieto antes de que cumpliera dos años en el poder. El golpe fue tan brutal que nunca se recuperó.
Una de las versiones dice que la madrugada del 27 de septiembre del 2014, un informe de inteligencia militar aterrizó en el escritorio del Jefe de la Oficina de la Presidencia Aurelio Nuño en el momento en que se disponía a retirarse. En él le confirmaban lo que horas antes, la noche del 26, le había dicho por teléfono el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre; que unos delincuentes habían tenido un enfrentamiento con una banda rival, en la refriega habían resultado varios heridos y al menos cincuenta personas habían sido secuestradas.
Alguien le sugirió decirle al presidente pero lo atajó: “No, es un problema de Ángel (Aguirre). que él lo resuelva”. Y se fue a su casa.
La mañana del 27 los noticieros hervían con información procedente de Iguala. Un grupo de jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa que habían llegado a esa ciudad, fueron secuestrados por delincuentes que los confundieron con una banda rival. Primero se habló de más de 50 secuestrados, pero la cifra quedó en 43 que hasta la fecha no aparecen.
El primer error de Peña Nieto fue ordenarle tardíamente a la PGR que atrajera el caso. Y el segundo sin duda fatal, fueron sus declaraciones cuatro días después de la tragedia: “El tema de Iguala es del gobierno de Guerrero”.
La vida no le alcanzará para arrepentirse de tan desatinada babosada porque con esta declaración un crimen local cometido por una banda de delincuentes, se convirtió en cuestión de días en un crimen de Estado.
La PGR hizo una investigación profesional y minuciosa cuya conclusión fue que los jóvenes fueron entregados por policías municipales al grupo delincuencial Guerreros Unidos quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula, para después echar sus restos en un río cercano.
Pero ya para entonces los escándalos de la Casa Blanca, la casa de Malinalco, las desvergonzadas raterías de al menos cuatro gobernadores del PRI y la violencia incontenible en varios estados, tenían hartos a los mexicanos cuya mayoría aceptó que lo de Iguala había sido un crimen de Estado.
Cinco años después la conclusión a la que llegó la PGR de Jesús Murillo Karam no ha sido desmentida o al menos corregida. Sin embargo, fue descalificada por los padres de las víctimas y atacada con furia por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 3 de diciembre ya como presidente constitucional y en su primera conferencia mañanera, anunció la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y casi la totalidad del aparato judicial levantó la ceja.
Lo más sensato hubiera sido declarar: “Lo que tenemos es el trabajo llevado a cabo por la PGR, pero si alguien tiene pruebas o indicios que nos ayuden a esclarecer el paradero de los muchachos, contarán con todo el apoyo y cooperación de mi gobierno y del Poder Judicial”. Pero prefirió el aplauso y quizá sin saberlo se metió en una bronca de la que se puede arrepentir.
Por la noche de ese día el periodista Ciro Gómez Leyva dijo una verdad de a kilo en su noticiero: “El gobierno del presidente López Obrador está jugando con una ilusión y está jugando con la esperanza de gente que ha sufrido mucho.
“El nuevo gobierno sabe que cincuenta meses después, los jóvenes de Ayotzinapa no pueden estar mas que muertos. Y que más allá del adjetivo que se le quiera poner, la verdad es una: los normalistas fueron sometidos por un grupo criminal y por policías municipales, fundamentalmente los de Iguala. Varios de esos policías están o estuvieron presos.
“Los muchachos sometidos fueron secuestrados e inmediatamente asesinados.
“¿Qué hará el nuevo gobierno para cambiar esa relación de hechos? ¿Castigará a dos o tres chivos expiatorios? ¿Encarcelará al ex procurador Murillo Karam, al ex jefe de investigación criminal Tomás Zerón? ¿Con eso piensa que quedarán satisfechos los padres? Qué peligroso e irresponsable es jugar así con la esperanza de gente que ha sufrido tanto”.
Hoy se cumplen cinco años de aquellas desapariciones y el presidente de la Comisión de la Verdad Alejandro Encinas, informará de sus avances a los padres de los infortunados muchachos. ¿Qué les dirá que no hayan escuchado antes?
Ciro tiene razón; el gobierno está jugando con la esperanza de quienes sufren lo indecible y eso no se vale.
Si la investigación de la Comisión termina en nada o casi nada, será una bofetada; una burla para los padres y madres de los 43 jóvenes. Una majadería llena de sevicia que no se merecen.
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