• La mediación y conciliación pueden aumentar el riesgo físico y mental de las mujeres ya que no resulta suficiente para evitar la violencia y obstaculiza el acceso a la justicia.
La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, presentó durante la segunda sesión ordinaria una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal, Civil y de Procedimientos Civiles, así como de las Leyes de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos; de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar; y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En su exposición de motivos, la legisladora aseguró que como parte de su proyecto está la propuesta de eliminar la mediación, conciliación y/o otras formas de solución extrajudiciales, ya que obedece a que no existen condiciones de igualdad para participar en una negociación imparcial; lo que incrementa el peligro y obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas; además, envía un mensaje de impunidad, permisividad y tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.
Asimismo, destacó que es de suma importancia restringir completamente estos procedimientos en estos casos, dado que es una flagrante violación a los derechos humanos, por lo que la restricción, debe ir acompañada de cambios institucionales y político culturales para que las mujeres que acudan ante las instancias de justicia no se vean presionadas, en la práctica, por las y los operadores de justicia.
Afirmó, que a pesar de que en ciertas instancias se han tratado de resolver asuntos de violencia contra las mujeres de manera extrajudicial por considerarlos de poca relevancia o gravedad, la excepción que se propone busca un fin legítimo para dar certeza e imparcialidad en temas tan sensibles como lo es la violencia contra las mujeres.
Finalmente, aseguró que se actualizarán algunas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, para que sean competencia de los Jueces de Primera Instancia Especializados en Materia Familiar.
Dicho proyecto fue turnado a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género.
