–¡Javier Duarte no merece la cárcel, merece la pena de muerte!– exclamó colérico una víctima del ex gobernador veracruzano al conocer la noticia del “perdón” otorgado por la justicia mexicana, que le permitirá salir libre en año y medio, máximo, por “portarse bien”.

 

La sentencia a Duarte de Ochoa es un franco atentado a la dignidad de la población en Veracruz, que no mereció para el juez ni la reparación del daño de las víctimas. Marco Antonio Fuerte Tapia, es el mismo juez de distrito que exoneró al priista Alejandro Gutiérrez por desvíos y no actúo a tiempo en el caso Rébsamen.

 

El hombre furioso, padre de familia de un chico desaparecido en el fatídico sexenio de Duarte, se expresaba en la plaza pública de la capital, como eco del sentimiento entre las y los veracruzanos, quienes no salen del asombro y el enojo por la burla de la justicia en este país. No quiero imaginar su encono cuando sepan que una vez liberado Duarte de Ochoa obtendrá un amparo contra los delitos fincados por la fiscalía de Miguel A Yunes Linares, ya que la desaparición forzada no es delito grave.

 

En retrospectiva, la reaparición de Javier Duarte con nuevo look anticipaba lo que venía. Su ostensible renovado ánimo en la entrevista del Heraldo corría el velo de un “twist” en su estatus jurídico. El diseño de la nueva imagen no podía desapegarse al tipo “iGen”, la Generación Z, más conocida por privilegiar el poder económico y el poder mediático tecnológico, al sentido comunitario y humanitario que permite convivir en sociedad.

 

Conociendo su historial depresivo, su actitud revelaba que el hombre tenía un motivo para bajar de peso, para moderar su soberbia, para aplicar una operación mediática inmediata y sobre todo, alabar con “lealtad institucional” a Peña Nieto. Evadir la Corte Interamericana de Derechos humanos, por delitos de Lesa Humanidad, que la PGR “pasó” por alto, tampoco le era un asunto menor.

 

El ex mandatario veracruzano se victimizó mientras los estragos de sus acciones prolongan la pauperización de la vida de millones en Veracruz. Los efectos del engaño que hizo su pandilla y familia contra millones siguen afectando no sólo la economía y el tejido social, sino la confianza en las instituciones, con un oneroso daño social que aún hay que documentar y evaluar en su magnitud.

 

¿Qué les sabrá JDDO a los que abogan por él directa o indirectamente como para que le otorguen una amnistía de facto? Poco a poco se irá exhibiendo a todos los oportunistas que se aprovecharon de la omisión o colusión del ex gobernador, para doblar el daño a toda una población. Cada una de las y los veracruzanos tiene una historia que contar, para poner a la vista, como se merecen, a estos vulgares ladrones y encima traidores, no sólo al que fue jefe de su banda, sino y más cardinal, traidores a Veracruz.

 

Cinismo total del juez al no inhabilitarlo en la función pública, pese al agravio que significó esta sentencia de EPN a las instituciones mexicanas. Presidente que en cuclillas barre bajo la alfombra su cochinero: Odebrecht, Duarte, Ayotzinapa y otras vergüenzas. No se entiende cómo es que el país entero condena a Javier Duarte y en Veracruz siguen sus secuaces abogando por él y sus cómplices, incluyendo los que vienen bien incrustados en el nuevo gobierno, del cambio dicen. Un gobierno tibio frente a esta injusticia.

 

En la obviada operación de imagen, para mudar de aires la narrativa sobre Javier Duarte, considerado, no únicamente el peor gobernante de México sino además un sujeto incapaz de discernir el bien sobre el mal, calentaron el escenario para la audiencia, donde sus abogados mercaron la declaración de culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a cambio de un procedimiento abreviado y con pena mínima. Reducción de condena, avalada por la SHCP, del gobierno de Enrique Peña Nieto

 

La operación “culpable soy yo” inició hace meses con un primer acto, la reclasificación de los delitos dónde desecharon lo que estorbaba a sus planes. El acto intermedio se registró cuando su defensa solicitó al juez y al Ministerio Público cambiar el procedimiento, justo cuando se validarían las pruebas en su contra.

El tercer acto está por verse, porque pese a cualquier deuda de Andrés Manuel López Obrador, como diría Gutiérrez Barrios, cuando se ponga la banda presidencial se le van acabar sus compromisos. Ya veremos.

 

Frente al banderazo del Juez, representantes de la PGR, sus abogados, asustados representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concretamente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), todos aceptaron que el procedimiento fuera recortado a modo del influyente veracruzano y ante ello, el ex gobernante, entonó el “mea culpa”, en la simulación de un acto litúrgico de la rito romano, Confiteor.

 

Una vez más los veracruzanos, a quienes despojaron desde las instituciones y el Gobierno de Veracruz, seguirán viendo cómo se reparten el botín de los 40 bienes inmuebles, que suelta dadivosamente Javier Duarte de Ochoa. Por lo pronto, a instancias del PAN en la cámara de diputados federal avala citar a PGR por caso Duarte.

 

El problema fuerte viene para el gobierno que entra en funciones el 1 de diciembre, por la sospecha de que fueron cómplices en el desvío de recursos. No pueden perder de vista lo que señaló Voltaire, “Los pueblos a quienes no se les hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”