Recién abordamos el injusto contexto en que sobreviven los enfermos de las Hepatitis virales en México, y por las reacciones a la columna anterior, una gran parte de la población con enfermedades diversas, enfrenta la misma crisis. Expuse como los negocios emergen a raíz de las omisiones y opacidades de las instituciones de salud pública y añado al letal escenario, el que la mayoría de los afectados del hígado desconocen como exigir sus derechos establecidos en los artículos 1o y 4o de la constitución. Mismos que crean la obligación del Estado para proteger la salud o repararla cuando ha sido afectada, y cuanto más por la falta de prevención y descuido sanitario en hospitales públicos y privados.
Incluso, quienes cotizaron toda una vida y no gestionaron su pensión por falta de conocimiento, se les niega la atención en el IMSS, ISSTE y no pueden reclamar al sistema que vivió del fruto de toda su vida laboral. Los ignoran cuando enfrentan un problema de salud. Muchos han recurrido a amparos y comisiones estatales de Derechos Humanos para hacer valer el acceso a la salud pero, son los menos, porque la mayoría – principalmente del campo- no cuentan con herramientas económicas o culturales para hacerlo.
El primer negocio abierto es el de la corrupción, pero cómo ha sido trivializada esta ya ni se nota. En el sector salud, se le encuentra tanto en el nivel administrativo como político. Desde el ejercicio de los presupuestos, hasta la cadena de complicidades que cierran las fronteras a genéricos accesibles, por presión de farmacéuticas.
La corrupción política ha generado una crisis financiera nacional que obliga al recorte presupuestario, principalmente en el área de la salud, lo que implica una regresión del Estado en materia de derechos humanos fundamentales. Cada peso que le quitan los legisladores al presupuesto de Salud implica pérdidas de vidas. Sin compromisos con sus representados sólo la presión ciudadana podría contrarrestar a los legisladores.
En el congreso de la Unión, durante la pasada mesa de trabajo de Fundación Hepatos AIÓN con autoridades en la materia, la diputada Teresa Lizárraga, evidenció la dimensión del problema al mostrar anualmente los subejercicios crecientes del sector salud en miles de millones de pesos. Sólo en el 2016 el subejercicio alcanzó 13 mil mdp. Imagine usted cuántos tratamientos pudieron salvar vidas con ese recurso. La legisladora propone crear un grupo de seguimiento para vigilar como se ejercen los fondos asignados, en este caso de la hepatitis C, pero puede aplicarse en todos los ámbitos. Además urge que los hospitales transparenten a el destino de los tratamientos, para evitar la sospecha de fuga de ellos hacia consultorios privados.
El Seguro Popular tiene mil 100 millones de pesos para Hepatitis Viral C (HVC) y autorizó financiar las terapias de antivirales con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, pero los pocos medicamentos que se distribuyen -con criterios de elegibilidad discriminatorios y anticonstitucionales, apenas alcanzan un 15 por ciento de los pacientes, que también han sido diagnosticados fuera del SP, porque ellos no atienden hepatitis. Urge que las instituciones mexicanas reporten cuántos derechohabientes del Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, Hospital de Nutrición han fallecido porque no obtuvieron las terapias, cuántos quedaron incapacitados y sin patrimonio, buscando su cura.
Otros obstáculos que enfrentan los enfermos de hepatitis virales es la del negocio capitalista de las farmacéuticas. La hepatitis C, es la única de cuatro (A,B,C,D,E) que tiene un tratamiento de cura en México y cuesta casi un millón de pesos (mil dólares la pastilla x tres meses). Ante la falta de programas de detección o prevención los pacientes son diagnosticados cuando el mal está avanzado, y con el argumento que su condición es grave les niegan los tratamientos en un círculo criminal y mortal. Hoy en día los sistemas de salud advierten que es menor el costo si curan la hepatitis C, que atenderlos por cirrosis o cáncer, aun cuando lo especuladores sigan rumiando que curar al paciente no es negocio.
La guerra de los laboratorios evidencia el motivo por el cual los institutos de salud optan por agotar su inventario de protocolos obsoletos, dolorosos, que dejan serias secuelas con apenas una efectividad del 50 %. Exhiben la política del “maiceo” para que los genéricos -con bajo costo- no puedan ingresar al territorio mexicano restándole la oportunidad de cura a miles de pacientes. Ello propicia un mercado negro donde algunos deshumanizados seres, hacen jugosos negocios con los antivirales que son gratis en la India. Y lo más terrible es que ya empezaron a circular “clones” que contribuyen a que los enfermos desesperados por su cura, se ocasionen más daño hepático.
Otra piedra es la falta de preparación y actualización del personal médico y/o, ponen en la consulta a pasantes. Los pacientes son estigmatizados, algunos los desahucian y a veces los mismos enfermos son los que les indican el rumbo para su sanación. La exigencia de “tratamientos para todos” de organizaciones como la de Miriam Castellot, en Mexicali B.C. no es infundada. Los medicamentos en las instituciones los proporcionan a cuenta gotas y bajo criterios de elegibilidad siniestra, la discriminación de enfermos por edad, condición socioeconómica, gravedad y hasta por distancia al hosspital. Agregue usted que no todos los infectados tienen seguridad social y los pocos hospitales que el Seguro Popular habilitó para atenderlos, están rebasados por la cantidad de pacientes.
Ante ello la sociedad civil organizada conformada por enfermos y familiares, han iniciado una campaña para acceder a los tratamientos de patente o genéricos, siguiendo la línea de la experiencia internacional, como en España, donde los enfermos tomaron hospitales y oficinas de salud para exigir “Tratamiento para todos”… y se los dieron. En México esto apenas empieza.
